Existe una entidad de la ONU que ha pasado desapercibida internacionalmente y, que ha sido malentendida donde opera, en Guatemala. Este desconocimiento debe cambiar, ya que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no se somete ni a auditorías ni rinde cuentas ante ninguna jurisdicción en este planeta.
Creada en 2006, la CICIG tiene como misión combatir Cuerpos Ilegales y Aparatos clandestinos de Seguridad, pero ella misma tiene un largo historial de acciones cuestionables. Sin embargo, el reciente caso de los Bitkov, una familia rusa perseguida por la CICIG en Guatemala, ha llamado la atención de la Comisión para la Seguridad y Cooperación en Europa, más conocida como la Comisión Helsinki.
Al fin, el accionar de la CICIG está recibiendo algún tipo de escrutinio, especialmente porque recibe fondos de los contribuyentes estadounidenses y goza del apoyo político del Departamento de Estado. Sin embargo, más elocuente que lo que ha hecho la CICIG es lo que ha decidido no hacer.
El 18 de mayo de 2018, una corte de San Marcos, un departamento al suroeste de Guatemala en la frontera con México, dictó un fallo revelador, según una estación de radio local. Con su decisión, el tribunal dijo en efecto a la población que debía someterse a las órdenes de bandas ilegales armadas, protegidas por el Sistema de Justicia criminal y por la CICIG. Estas dos instituciones se hacen de la vista gorda cuando se trata de sus aliados marxistas.
Aun así siguen recibiendo fondos y apoyo del Departamento de Estado del Gobierno Trump y poco les importa el imperio de la ley y el Gobierno electo de Guatemala.
Cuando en 2014 reporteros estadounidenses visitaron San Pablo, en el departamento de San Marcos, descubrieron que sus habitantes se encontraban reprimidos por una estructura criminal. Un miembro de dicha estructura era la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el grupo guerrillero que se convirtió en partido político luego de los acuerdos de paz de 1996. El objetivo de la URNG y grupos relacionados en San Pablo era detener la construcción de un proyecto hidroeléctrico que era apoyado por los habitantes debido a los beneficios que ofrecía, incluyendo empleos.
Los habitantes de San Pablo fueron obligados a participar en actividades criminales como el bloqueo de rutas y el acceso a la Policía Nacional Civil, así como a la ocupación y la destrucción de propiedad privada. Quien se resistiera a no hacerlo, se exponía al corte del servicio de agua y electricidad de su casa, que sus niños no pudieran ir más a la escuela e incluso a golpizas y secuestros.
En 2013, estas bandas criminales encarcelaron al poblador Casimiro Pérez en una prisión clandestina y lo amenazaron con quemarlo vivo luego de que su esposa asistiera a un evento del proyecto hidroeléctrico. Para evitarlo, Pérez debió, como castigo, acarrear enormes rocas desde un río hasta un camino, lo cual le tomó una semana a él y a sus cuatro hijos menores. Pérez presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
Dos años después, una turba sacó a Pérez de su casa por la fuerza, lo echó a un pozo y lo amenazó con quemarlo vivo. Luego lo obligó a marchar, con sus brazos amarrados, hasta el sitio de la planta hidroeléctrica, donde la turba destruyó maquinarias e instalaciones. En medio de la confusión, Pérez logró escapar.
Una ciudadana preocupada por el maltrato a Pérez decidió presentar una denuncia ante la CICIG. Seis semanas más tarde, el comisionado Iván Velásquez escribió una carta a la Fiscal General Thelma Aldana, con copia a la denunciante, que decía que el caso no estaba entre sus prioridades. El Ministerio Público no tomó acción alguna.
En el juicio por el secuestro de Pérez en 2013, la corte absolvió a un acusado y condenó a otro por un cargo menor que no conlleva pena de prisión. Lo hizo de una manera arbitraria: aceptó el testimonio de Pérez para un acusado y rechazó el mismo testimonio para el otro acusado. El individuo absuelto era el líder de una banda criminal local y la misma persona que, afirmando ser una autoridad indígena, había amenazado a los reporteros estadounidenses.
La justicia guatemalteca actuó de una manera similar en su reciente fallo del 18 de mayo acerca del secuestro de Pérez en 2015 (por lo que la turba le hizo durante la quema de la planta hidroeléctrica). El acusado fue encontrado culpable de un crimen inferior al secuestro y sentenciado a dos años en prisión, pena conmutable por una multa de unos US$500.
Además de los enjuiciados, Pérez había acusado a muchos otros en sus denuncias ante el Ministerio Público. Ninguno fue arrestado y ellos siguen movilizándose libremente en la zona. El líder de ellos, pese a una orden de arresto en su contra, incluso logró elegirse como alcalde por el partido URNG. La Policía Nacional Civil no se molestó en arrestarlo mientras hacía campaña en público como candidato.
El mensaje a las comunidades era claro: en este lugar las bandas criminales están al mando. Esto es una consecuencia directa debido a que la CICIG no atendió la denuncia de este asunto en el año 2015.
El mandato de la CICIG es proteger “los derechos a la vida y a la integridad” ante grupos que toman la justicia por mano propia y cometen “actos ilegales” —aquellos grupos vinculados “con agentes del Estado, o […] con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas”. Los eventos de San Pablo, departamento de San Marcos, demuestran que la CICIG se ha convertido exactamente en lo que su mandato le obliga eliminar.
El ex vicepresidente de EE. UU. Joe Biden viajó a Guatemala tres veces en un año y públicamente condicionó la ayuda estadounidense a la permanencia de la CICIG. El apoyo de EE. UU. a la comisión de la ONU, CICIG, le hace responsable de las nefastas acciones contra estos habitantes, lo cual tiene como efecto desafortunado un incremento en el flujo de migrantes ilegales y de drogas hacia EE. UU.
La Liga Pro-Patria actuó como querellante adhesivo en el caso de 2013 de Casimiro Pérez.
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Last Updated: 24 julio, 2018 by LaVoz
CICIG, enemiga de su propio mandato
Existe una entidad de la ONU que ha pasado desapercibida internacionalmente y, que ha sido malentendida donde opera, en Guatemala. Este desconocimiento debe cambiar, ya que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no se somete ni a auditorías ni rinde cuentas ante ninguna jurisdicción en este planeta.
Creada en 2006, la CICIG tiene como misión combatir Cuerpos Ilegales y Aparatos clandestinos de Seguridad, pero ella misma tiene un largo historial de acciones cuestionables. Sin embargo, el reciente caso de los Bitkov, una familia rusa perseguida por la CICIG en Guatemala, ha llamado la atención de la Comisión para la Seguridad y Cooperación en Europa, más conocida como la Comisión Helsinki.
Al fin, el accionar de la CICIG está recibiendo algún tipo de escrutinio, especialmente porque recibe fondos de los contribuyentes estadounidenses y goza del apoyo político del Departamento de Estado. Sin embargo, más elocuente que lo que ha hecho la CICIG es lo que ha decidido no hacer.
El 18 de mayo de 2018, una corte de San Marcos, un departamento al suroeste de Guatemala en la frontera con México, dictó un fallo revelador, según una estación de radio local. Con su decisión, el tribunal dijo en efecto a la población que debía someterse a las órdenes de bandas ilegales armadas, protegidas por el Sistema de Justicia criminal y por la CICIG. Estas dos instituciones se hacen de la vista gorda cuando se trata de sus aliados marxistas.
Aun así siguen recibiendo fondos y apoyo del Departamento de Estado del Gobierno Trump y poco les importa el imperio de la ley y el Gobierno electo de Guatemala.
Cuando en 2014 reporteros estadounidenses visitaron San Pablo, en el departamento de San Marcos, descubrieron que sus habitantes se encontraban reprimidos por una estructura criminal. Un miembro de dicha estructura era la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el grupo guerrillero que se convirtió en partido político luego de los acuerdos de paz de 1996. El objetivo de la URNG y grupos relacionados en San Pablo era detener la construcción de un proyecto hidroeléctrico que era apoyado por los habitantes debido a los beneficios que ofrecía, incluyendo empleos.
Los habitantes de San Pablo fueron obligados a participar en actividades criminales como el bloqueo de rutas y el acceso a la Policía Nacional Civil, así como a la ocupación y la destrucción de propiedad privada. Quien se resistiera a no hacerlo, se exponía al corte del servicio de agua y electricidad de su casa, que sus niños no pudieran ir más a la escuela e incluso a golpizas y secuestros.
En 2013, estas bandas criminales encarcelaron al poblador Casimiro Pérez en una prisión clandestina y lo amenazaron con quemarlo vivo luego de que su esposa asistiera a un evento del proyecto hidroeléctrico. Para evitarlo, Pérez debió, como castigo, acarrear enormes rocas desde un río hasta un camino, lo cual le tomó una semana a él y a sus cuatro hijos menores. Pérez presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
Dos años después, una turba sacó a Pérez de su casa por la fuerza, lo echó a un pozo y lo amenazó con quemarlo vivo. Luego lo obligó a marchar, con sus brazos amarrados, hasta el sitio de la planta hidroeléctrica, donde la turba destruyó maquinarias e instalaciones. En medio de la confusión, Pérez logró escapar.
Una ciudadana preocupada por el maltrato a Pérez decidió presentar una denuncia ante la CICIG. Seis semanas más tarde, el comisionado Iván Velásquez escribió una carta a la Fiscal General Thelma Aldana, con copia a la denunciante, que decía que el caso no estaba entre sus prioridades. El Ministerio Público no tomó acción alguna.
En el juicio por el secuestro de Pérez en 2013, la corte absolvió a un acusado y condenó a otro por un cargo menor que no conlleva pena de prisión. Lo hizo de una manera arbitraria: aceptó el testimonio de Pérez para un acusado y rechazó el mismo testimonio para el otro acusado. El individuo absuelto era el líder de una banda criminal local y la misma persona que, afirmando ser una autoridad indígena, había amenazado a los reporteros estadounidenses.
La justicia guatemalteca actuó de una manera similar en su reciente fallo del 18 de mayo acerca del secuestro de Pérez en 2015 (por lo que la turba le hizo durante la quema de la planta hidroeléctrica). El acusado fue encontrado culpable de un crimen inferior al secuestro y sentenciado a dos años en prisión, pena conmutable por una multa de unos US$500.
Además de los enjuiciados, Pérez había acusado a muchos otros en sus denuncias ante el Ministerio Público. Ninguno fue arrestado y ellos siguen movilizándose libremente en la zona. El líder de ellos, pese a una orden de arresto en su contra, incluso logró elegirse como alcalde por el partido URNG. La Policía Nacional Civil no se molestó en arrestarlo mientras hacía campaña en público como candidato.
El mensaje a las comunidades era claro: en este lugar las bandas criminales están al mando. Esto es una consecuencia directa debido a que la CICIG no atendió la denuncia de este asunto en el año 2015.
El mandato de la CICIG es proteger “los derechos a la vida y a la integridad” ante grupos que toman la justicia por mano propia y cometen “actos ilegales” —aquellos grupos vinculados “con agentes del Estado, o […] con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas”. Los eventos de San Pablo, departamento de San Marcos, demuestran que la CICIG se ha convertido exactamente en lo que su mandato le obliga eliminar.
El ex vicepresidente de EE. UU. Joe Biden viajó a Guatemala tres veces en un año y públicamente condicionó la ayuda estadounidense a la permanencia de la CICIG. El apoyo de EE. UU. a la comisión de la ONU, CICIG, le hace responsable de las nefastas acciones contra estos habitantes, lo cual tiene como efecto desafortunado un incremento en el flujo de migrantes ilegales y de drogas hacia EE. UU.
La Liga Pro-Patria actuó como querellante adhesivo en el caso de 2013 de Casimiro Pérez.
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