COMUNICADO 04-2020

Guatemala, 14 de mayo de 2020.

1. Incumpliendo nuevamente su juramento de guardarle fidelidad a la Constitución Política de la República, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) la han violado nuevamente, al declarar con lugar el amparo interpuesto por la Fiscal General de la República, decisión que tiene como propósito manipular políticamente el nombramiento de los magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024.
2. Es la tercera vez que estos magistrados de la CC interfieren arbitrariamente el proceso de designación de magistrados, abonando al retraso inconstitucional de siete meses en la designación y toma de posesión de estos funcionarios.
3. Histórica es ya la desnaturalización del proceso de amparo, el cual fue concebido para garantizar los derechos constitucionales de los particulares, pero actualmente es utilizado para la lucha de facciones dentro del poder público, en este caso del Ministerio Público contra el Congreso de la República, sin que el primero sea agraviado, ni el segundo haya realizado acto alguno susceptible de ser impugnado.
4. Los magistrados cuyo voto unánime decidió la aberrante violación de la prohibición constitucional de subordinación entre los poderes del Estado, usurpan nuevamente las funciones del Congreso de la República, pretendiendo que este organismo del Estado, cumpla órdenes manifiestamente ilegales y constitutivas de delito, pues la calificación de la capacidad, idoneidad y honradez de los candidatos a ocupar las magistraturas corresponde a la Comisión de Postulación, la cual ya realizó el tamizaje de los requisitos exigidos por la Constitución y la función del Congreso es únicamente escogerlos del listado que esta Comisión les remite.
5. La osadía de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad llega al extremo de querer obligar a los Diputados a emitir su voto de viva voz para tomar sus decisiones, contraviniendo la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que exige la votación nominal por medio del sistema electrónico.
6. De manera inaudita los magistrados de la Corte de Constitucionalidad le fijan plazo al Ministerio Público, para que envíe al Congrego de la República las investigaciones sobre algunos diputados, candidatos a magistrados y miembros de las Comisiones de Postulación que supuestamente visitaron a un personaje que se encuentra sujeto a proceso penal, hechos que por si solos no constituyen delito alguno.
7. Hacer públicas esas investigaciones, no solo viola la secretividad de la investigación, sino que pretender transformarlas en una tacha para la designación para los candidatos a magistrados, es una manifiesta violación de los derechos constitucionales al debido proceso y la presunción de inocencia, además de una verdadera afrenta a la reputación a que todo guatemalteco tiene harto derecho.
8. Instamos a los diputados de todos los partidos políticos, a que cumplan con su juramento de defender la Constitución Política de la República, a no permitir que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad violenten la prohibición de subordinación del Congreso de la República a cualquier organismo del Estado y a ejercer las atribuciones que les asigna la Carta Magna y su Ley Orgánica, rechazando las órdenes manifiestamente ilegales y constitutivas de delito que han emitido los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad.