En la primavera de 2010, el Gobierno del presidente guatemalteco Álvaro Colom, ya con dos años en el poder, se estaba preparando para elegir al fiscal general del Ministerio Público, una entidad con funciones autónomas que opera al margen del resto del poder ejecutivo.
Una Comisión de Postulación –integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades, el presidente del Colegio de Abogados y el presidente de su Tribunal de Honor– elige seis finalistas entre todos los candidatos. Luego, el presidente de la república elige a uno de ellos para desempeñar el cargo. Varias docenas de aspirantes presentaron sus documentos, entre ellos Conrado Reyes, un abogado de 46 años con amplia experiencia dentro y fuera del gobierno.
En la fase de evaluación de la “honorabilidad” de los candidatos, los comisionados y los ciudadanos pueden emitir objeciones a la selección. En esa ocasión, se generó mucha controversia en esta fase del proceso. El 11 de mayo de ese año, la Corte de Constitucionalidad, el órgano judicial más importante de Guatemala, ordenó a la Comisión de Postulación que la selección de los candidatos fuera abierta al público y que la votación fuera de viva voz. Por primera vez, el proceso de selección de candidatos a fiscal general fue público.
Nadie durante este proceso en el que cualquiera podía presentar objeciones a las candidaturas, expuso un parecer negativo contra Conrado Reyes y, notablemente, tampoco lo hizo la poderosa comisión “anti-impunidad” de la ONU, conocida con el acrónimo de CICIG.
Reyes obtuvo un puntaje perfecto de 100 puntos, según los criterios oficiales. Él saltó al frente de la lista y el presidente de la república lo eligió para el cargo, el cual Reyes asumió el 25 de mayo.
Sin embargo, las disputas legales persistieron en torno al funcionamiento de la fase de selección de candidatos. El 10 de junio, 17 días después de iniciado el mandato de Reyes, un tercero solicitó al Tribunal Constitucional que declarara inválido el nombramiento y que se repitiera la fase de honorabilidad, argumentando que la Comisión de Postulación no la había llevado a cabo de acuerdo con la orden emitida por el Tribunal Constitucional.
Ese mismo día, el tribunal emitió una opinión que anuló no solo la fase de selección de candidatos a fiscal general, sino todo el proceso de selección. El resultado fue la anulación del nombramiento de Reyes. El 11 de junio, el tribunal superior notificó a Reyes que debía abandonar el cargo que había desempeñado por menos de tres semanas.
¿Qué pasó realmente?
El New York Times informó el 12 de junio que Carlos Castresana, el jefe de la CICIG —la llamada comisión contra la impunidad—, había “renunciado por frustración, citando el nombramiento del señor Reyes, de quien dijo tenía vínculos con traficantes de drogas y redes ilegales de adopción”.
¿Por qué el comisionado de la CICIG no mencionó esta preocupación durante la fase de evaluación de la “honorabilidad” de los candidatos, apenas unas semanas antes?
La dañina acusación de la CICIG no estaba respaldada por ninguna evidencia contundente, como afirmó el propio presidente Colom. Según el Times: “La evidencia no demostraba ninguna fechoría por parte Reyes, dijo Colom, pero involucraba a personas que lo rodean que habrían generado ‘enormes dudas’ sobre su selección”.
La máxima corte de Guatemala evidentemente tenía mucha prisa por remover a Reyes del cargo de fiscal general. De principio a fin, toda la deliberación del tribunal sobre el caso tomó solo ocho horas, tiempo que los analistas luego dijeron que era demasiado corto para cumplir con todas las etapas del procedimiento establecido por la ley.
Básicamente, un fiscal general en funciones había sido expulsado de su cargo por simples rumores. La corte más alta se había unido al presidente para perpetrar un fraude judicial. La cacareada comisión contra la impunidad y el embajador de Estados Unidos también instaron al fraude.
Trabajo ligero
El abogado guatemalteco José Luis González Dubón, reconocido experto en asuntos constitucionales, completó las piezas faltantes del rompecabezas cuando, seis años después, contó su conversación con un magistrado del tribunal superior.
“Personalmente escuché a uno de los magistrados, y en presencia de otros dos testigos, sobre la conversación en la que [el embajador estadounidense Stephen] McFarland y el señor Castresana, el jefe de la CICIG, pidieron a los magistrados que destituyeran a Conrado Reyes porque, al parecer, tenía vínculos con organizaciones criminales. Ese magistrado me contó la historia personalmente. Dijo que les había pedido pruebas y que no podía decidir sin pruebas. Y le dijeron: “Mire, esto es conocimiento público. Tenemos la prueba y se la enviaremos, pero deben tomar medidas ahora, porque este es un asunto muy serio”.
“Seis años después”, agregó González, “ese magistrado todavía está esperando dicha prueba, porque, por supuesto, no existía tal cosa”.
Las razones para destituir a Conrado Reyes, uno de los actos oficiales más extraños de este hemisferio, nunca se han divulgado. Pero un hecho revelador es que el propio Reyes, después del hecho, nunca fue acusado de ningún crimen.
Tampoco se formuló ninguna denuncia contra él cuando posteriormente aspiró a ser magistrado en los dos tribunales más importantes de Guatemala. Una explicación plausible de estos eventos reside en otro lugar, en la sucesora de Reyes y en cómo llegó a ese cargo.
Claudia Paz y Paz es una abogada simpatizante de los grupos marxistas, conocida y requerida por los colaboradores del presidente Colom por su trabajo en la ONU y otros grupos internacionales. Se convirtió en fiscal general seis meses después de la destitución de Reyes, tras un proceso de selección no vinculado al concurso original.
Si la Corte de Constitucionalidad hubiera invalidado solo la fase de evaluación de la “honorabilidad” en junio de 2010, según lo solicitado, Reyes podría haberse mantenido en el cargo; mientras que Paz y Paz, quien no formaba parte del grupo anterior de candidatos, no podría haber ingresado al proceso. Al decretar que todo se hiciera de nuevo, la corte efectivamente abrió el camino para ella.
Moisés Galindo, un abogado defensor que confrontó a Paz y Paz, dijo esto sobre ella durante su mandato: “Ella es la fiscal general por ley, pero no llegó al cargo legítimamente. Fue una maniobra fraudulenta de la comisión de la ONU que forzó a las instituciones de Guatemala a eliminar al fiscal general anterior. Luego, bajo el paraguas de la misma comisión de la ONU, sus partidarios en la sociedad civil la llevaron al cargo.”
Es muy posible que quienes realmente tienen el poder hayan preferido a Paz y Paz desde el principio; mientras que Reyes, un hombre bueno y honorable, había sido elegido para ser el chivo expiatorio.
Epílogo
En 2014, cuando terminaba su mandato en la Fiscalía, Paz y Paz intentó seguir en el cargo. El embajador del presidente Obama en Guatemala, violando el protocolo diplomático, instó a que se le escogiera para un segundo mandato. Pero ni siquiera el poder de Estados Unidos pudo poner a Paz y Paz en la lista de los seis candidatos remitidos al presidente Otto Pérez por la Comisión de Postulación.
El presidente Pérez eligió a Thelma Aldana como nueva fiscal general. La CICIG, a pesar de haberse opuesto a Aldana para que integrara la Corte Suprema cuatro años antes señalándola de corrupta, extrañamente en esta ocasión no hizo objeción alguna.
Desde que se convirtió en fiscal general, Aldana ha trabajado muy de cerca con el comisionado Iván Velásquez. Asimismo, ha continuado los casos de Paz y Paz contra los exmilitares con la ayuda de la CICIG, pese a que los casos están muy lejos del mandato de esta entidad.
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Last Updated: 2 mayo, 2018 by LaVoz
INFORME 4: UN FISCAL GENERAL TRAICIONADO
En la primavera de 2010, el Gobierno del presidente guatemalteco Álvaro Colom, ya con dos años en el poder, se estaba preparando para elegir al fiscal general del Ministerio Público, una entidad con funciones autónomas que opera al margen del resto del poder ejecutivo.
Una Comisión de Postulación –integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades, el presidente del Colegio de Abogados y el presidente de su Tribunal de Honor– elige seis finalistas entre todos los candidatos. Luego, el presidente de la república elige a uno de ellos para desempeñar el cargo. Varias docenas de aspirantes presentaron sus documentos, entre ellos Conrado Reyes, un abogado de 46 años con amplia experiencia dentro y fuera del gobierno.
En la fase de evaluación de la “honorabilidad” de los candidatos, los comisionados y los ciudadanos pueden emitir objeciones a la selección. En esa ocasión, se generó mucha controversia en esta fase del proceso. El 11 de mayo de ese año, la Corte de Constitucionalidad, el órgano judicial más importante de Guatemala, ordenó a la Comisión de Postulación que la selección de los candidatos fuera abierta al público y que la votación fuera de viva voz. Por primera vez, el proceso de selección de candidatos a fiscal general fue público.
Nadie durante este proceso en el que cualquiera podía presentar objeciones a las candidaturas, expuso un parecer negativo contra Conrado Reyes y, notablemente, tampoco lo hizo la poderosa comisión “anti-impunidad” de la ONU, conocida con el acrónimo de CICIG.
Reyes obtuvo un puntaje perfecto de 100 puntos, según los criterios oficiales. Él saltó al frente de la lista y el presidente de la república lo eligió para el cargo, el cual Reyes asumió el 25 de mayo.
Sin embargo, las disputas legales persistieron en torno al funcionamiento de la fase de selección de candidatos. El 10 de junio, 17 días después de iniciado el mandato de Reyes, un tercero solicitó al Tribunal Constitucional que declarara inválido el nombramiento y que se repitiera la fase de honorabilidad, argumentando que la Comisión de Postulación no la había llevado a cabo de acuerdo con la orden emitida por el Tribunal Constitucional.
Ese mismo día, el tribunal emitió una opinión que anuló no solo la fase de selección de candidatos a fiscal general, sino todo el proceso de selección. El resultado fue la anulación del nombramiento de Reyes. El 11 de junio, el tribunal superior notificó a Reyes que debía abandonar el cargo que había desempeñado por menos de tres semanas.
¿Qué pasó realmente?
El New York Times informó el 12 de junio que Carlos Castresana, el jefe de la CICIG —la llamada comisión contra la impunidad—, había “renunciado por frustración, citando el nombramiento del señor Reyes, de quien dijo tenía vínculos con traficantes de drogas y redes ilegales de adopción”.
¿Por qué el comisionado de la CICIG no mencionó esta preocupación durante la fase de evaluación de la “honorabilidad” de los candidatos, apenas unas semanas antes?
La dañina acusación de la CICIG no estaba respaldada por ninguna evidencia contundente, como afirmó el propio presidente Colom. Según el Times: “La evidencia no demostraba ninguna fechoría por parte Reyes, dijo Colom, pero involucraba a personas que lo rodean que habrían generado ‘enormes dudas’ sobre su selección”.
La máxima corte de Guatemala evidentemente tenía mucha prisa por remover a Reyes del cargo de fiscal general. De principio a fin, toda la deliberación del tribunal sobre el caso tomó solo ocho horas, tiempo que los analistas luego dijeron que era demasiado corto para cumplir con todas las etapas del procedimiento establecido por la ley.
Básicamente, un fiscal general en funciones había sido expulsado de su cargo por simples rumores. La corte más alta se había unido al presidente para perpetrar un fraude judicial. La cacareada comisión contra la impunidad y el embajador de Estados Unidos también instaron al fraude.
Trabajo ligero
El abogado guatemalteco José Luis González Dubón, reconocido experto en asuntos constitucionales, completó las piezas faltantes del rompecabezas cuando, seis años después, contó su conversación con un magistrado del tribunal superior.
“Personalmente escuché a uno de los magistrados, y en presencia de otros dos testigos, sobre la conversación en la que [el embajador estadounidense Stephen] McFarland y el señor Castresana, el jefe de la CICIG, pidieron a los magistrados que destituyeran a Conrado Reyes porque, al parecer, tenía vínculos con organizaciones criminales. Ese magistrado me contó la historia personalmente. Dijo que les había pedido pruebas y que no podía decidir sin pruebas. Y le dijeron: “Mire, esto es conocimiento público. Tenemos la prueba y se la enviaremos, pero deben tomar medidas ahora, porque este es un asunto muy serio”.
“Seis años después”, agregó González, “ese magistrado todavía está esperando dicha prueba, porque, por supuesto, no existía tal cosa”.
Las razones para destituir a Conrado Reyes, uno de los actos oficiales más extraños de este hemisferio, nunca se han divulgado. Pero un hecho revelador es que el propio Reyes, después del hecho, nunca fue acusado de ningún crimen.
Tampoco se formuló ninguna denuncia contra él cuando posteriormente aspiró a ser magistrado en los dos tribunales más importantes de Guatemala. Una explicación plausible de estos eventos reside en otro lugar, en la sucesora de Reyes y en cómo llegó a ese cargo.
Claudia Paz y Paz es una abogada simpatizante de los grupos marxistas, conocida y requerida por los colaboradores del presidente Colom por su trabajo en la ONU y otros grupos internacionales. Se convirtió en fiscal general seis meses después de la destitución de Reyes, tras un proceso de selección no vinculado al concurso original.
Si la Corte de Constitucionalidad hubiera invalidado solo la fase de evaluación de la “honorabilidad” en junio de 2010, según lo solicitado, Reyes podría haberse mantenido en el cargo; mientras que Paz y Paz, quien no formaba parte del grupo anterior de candidatos, no podría haber ingresado al proceso. Al decretar que todo se hiciera de nuevo, la corte efectivamente abrió el camino para ella.
Moisés Galindo, un abogado defensor que confrontó a Paz y Paz, dijo esto sobre ella durante su mandato: “Ella es la fiscal general por ley, pero no llegó al cargo legítimamente. Fue una maniobra fraudulenta de la comisión de la ONU que forzó a las instituciones de Guatemala a eliminar al fiscal general anterior. Luego, bajo el paraguas de la misma comisión de la ONU, sus partidarios en la sociedad civil la llevaron al cargo.”
Es muy posible que quienes realmente tienen el poder hayan preferido a Paz y Paz desde el principio; mientras que Reyes, un hombre bueno y honorable, había sido elegido para ser el chivo expiatorio.
Epílogo
En 2014, cuando terminaba su mandato en la Fiscalía, Paz y Paz intentó seguir en el cargo. El embajador del presidente Obama en Guatemala, violando el protocolo diplomático, instó a que se le escogiera para un segundo mandato. Pero ni siquiera el poder de Estados Unidos pudo poner a Paz y Paz en la lista de los seis candidatos remitidos al presidente Otto Pérez por la Comisión de Postulación.
El presidente Pérez eligió a Thelma Aldana como nueva fiscal general. La CICIG, a pesar de haberse opuesto a Aldana para que integrara la Corte Suprema cuatro años antes señalándola de corrupta, extrañamente en esta ocasión no hizo objeción alguna.
Desde que se convirtió en fiscal general, Aldana ha trabajado muy de cerca con el comisionado Iván Velásquez. Asimismo, ha continuado los casos de Paz y Paz contra los exmilitares con la ayuda de la CICIG, pese a que los casos están muy lejos del mandato de esta entidad.
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