La CICIG
El actor más significativo en la gobernanza reciente de Guatemala ha sido la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG.
Según las Naciones Unidas, que inventó esta Comisión y su mandato, la CICIG “busca investigar cuerpos ilegales de seguridad, aparatos clandestinos de seguridad y grupos criminales que posiblemente se han infiltrado en las instituciones del Estado de Guatemala, fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos”.
La entidad está a cargo de un comisionado, y tanto él como todo el personal de la CICIG gozan de inmunidad diplomática y otros privilegios inherentes a ese estatus. Por la misma razón y de acuerdo con los tratados de derecho internacional, también están sujetos a las limitaciones propias de los diplomáticos. La primera de ellas es que ningún diplomático puede inmiscuirse en los asuntos internos del país anfitrión.
En 2015, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, auspició y convocó a una serie de “mesas de diálogo” en las que invitó a una serie de grupos de ciudadanos afines a crear una campaña para reformar la Constitución de Guatemala.
Tal era el aparato propagandístico y el poder de la CICIG que muy pocas personas se preguntaron: ¿por qué se le permite a la CICIG promover reformas a la Constitución de Guatemala y a su orden social si es una entidad diplomática?
La batalla en el Congreso
En 2016, el presidente Jimmy Morales, en un acto de promoción política del proyecto, el cual aún no tenía un texto definitivo, anunció que él mismo enviaría las propuestas de la CICIG al Congreso. Sin embargo, el presidente al no estar de acuerdo con la redacción final, cambió de opinión y jamás lo hizo. Varios de los que participaron manifestaron que este no contenía el texto que se había aprobado en las discusiones.
La respuesta de la CICIG fue dar instrucciones a la Fiscal General de la República para que presentara cargos de corrupción contra el hijo y el hermano del presidente Morales. A instancias de la CICIG –que carecía de facultades para proponer reformas constitucionales–, cincuenta y dos legisladores “hicieron suyo” el proyecto y presentaron como propia, la iniciativa de reforma constitucional de la CICIG. Después de rechazar fácilmente los primeros artículos, y aprobar algunos que no contenían materia importante, el Congreso abordó una de las propuestas más conflictivas de la CICIG: reemplazar el sistema unitario de justicia de Guatemala por un sistema fragmentario de “jurisdicción indígena” en el que actuarían como jueces individuos denominados “autoridades ancestrales”.
El efecto, en una nación pobre con veintidós poblaciones de diferente etnia, habría sido imponer un régimen legal de “cada cual tiene sus gustos”.
El comisionado de la CICIG Iván Velásquez, la fiscal general Thelma Aldana y el procurador de los derechos humanos Jorge De León asistieron a la sesión del Congreso en la que los miembros debatieron el polémico artículo. A pesar de la presencia de dichas autoridades, la propuesta no logró obtener los votos necesarios.
Velásquez se reunió con los diputados líderes de las bancadas de los partidos políticos en algunos hoteles de la ciudad para presionarlos a votar a favor de sus intereses –actividad que encaja en la definición de “cabildeo”–, mientras que los medios nacionales e internacionales informaban que el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, estaba trabajando por su propia cuenta para conseguir apoyo para las propuestas.
El proyecto de reforma de la CICIG también proponía cambiar el procedimiento establecido en la Constitución para el nombramiento de jueces y magistrados. Se propuso la creación de lo que se denominó “Consejo Nacional de Justicia” en cuya integración, entre otras cosas, los jueces de los tribunales inferiores y personas no versadas en Derecho serían los nominadores de los magistrados de los tribunales superiores.
Los miembros del consejo propuesto tendrían poder sobre todas las nominaciones judiciales. El efecto sería alterar el equilibrio que la Constitución había elaborado cuidadosamente para la separación de poderes que caracteriza a la república. En su lugar, estaría un único ente judicial con todo el poder otorgado a los actuales ocupantes de puestos judiciales, casi todos cooptados por la CICIG.
En otras palabras, la CICIG estaría manejando el organismo judicial y éste tendría dominio sobre el Ejecutivo y el Legislativo.
Esta propuesta generó tanta oposición que sus partidarios nunca lograron reunir los votos necesarios para intentar llevarla a votación.
La batalla política
El congresista Fernando Linares solicitó una medida de amparo contra la presencia del comisionado Velásquez en las sesiones del Congreso, sobre la base constitucional de que ningún extranjero –Velásquez es ciudadano colombiano– puede tomar parte en las decisiones en materia política que por mandato constitucional corresponden con exclusividad a los guatemaltecos.
El diputado Linares también solicitó un amparo contra la presencia ilegal de la fiscal Aldana en el Congreso que consideró un intento de coaccionar e intimidar a los diputados. Poco después, la fiscal Aldana presentó una denuncia penal contra Linares, confirmando así la sindicación de coacción e intimidación que originó la denuncia en su contra.
A pesar de que la Constitución otorga a los diputados la prerrogativa de irresponsabilidad por sus opiniones en el desempeño de su cargo, la fiscal general acusó a Linares de haber cometido el delito de discriminación y pidió a la Corte Suprema de Justicia que se le revocara su inmunidad parlamentaria. Para ello, argumentó que, como miembro del Congreso, se había pronunciado contra un proyecto de ley que asignaría fondos a ONGs que ayudan a personas con discapacidad.
Esto fue un ataque abierto a los derechos del diputado Linares como miembro del Congreso; la Fiscalía exigió la eliminación del derecho constitucional de los congresistas a expresar libremente sus opiniones en los debates legislativos. Estados Unidos se sumó a esta maniobra de una manera evidente e insidiosa. En abril de 2017, el Consulado estadounidense, abruptamente y sin explicación, canceló el derecho de visa del congresista Linares para viajar a Estados Unidos.
Para ese entonces, Donald Trump se había convertido en presidente; y el embajador Robinson, designado por Obama, afirmaba falsamente que representaba las políticas del nuevo presidente. Sin embargo, era el congresista Linares, conocido simpatizante de Trump, quien representaba en mejor forma los valores estadounidenses que el embajador de Estados Unidos desvergonzadamente afirmaba defender.
Conclusión
El intento de la CICIG de cambiar arbitrariamente el sistema de justicia de Guatemala mediante una reforma constitucional fue un rotundo fracaso y para perpetrarlo se valió de evidentes violaciones a la Constitución y las leyes del país.
Luego de la decisión del presidente Morales de no presentar la propuesta de la CICIG, cincuenta y dos congresistas –en su mayoría miembros del partido UNE, cooptado por la CICIG– la presentaron como iniciativa propia. Su patrocinio fue ilegal porque los llevó a actuar como testaferros de los autores de una intervención extranjera: el comisionado Velásquez y la CICIG.
La fiscal general y el procurador de derechos humanos también violaron la ley con sus intervenciones ante el Congreso, porque sus puestos no confieren la facultad de promover reformas constitucionales.
Los cargos de la fiscal general contra el hermano y el hijo del presidente, así como contra el congresista Linares, eran manifiestamente infundados y constituían simplemente intentos descarados de intimidar al presidente y a los legisladores para que favorecieran el programa intervencionista de la CICIG.
En cuanto al comisionado Velásquez, no solo fue más allá del mandato de la CICIG, sino que confabulándose con su secuaz, la fiscal general Aldana y su patrocinador, el embajador de los Estados Unidos Todd Robinson, abusó de la autoridad de su cargo para liderar lo que podría describirse fácilmente como un intento de subvertir la democracia en Guatemala.
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Last Updated: 2 mayo, 2018 by LaVoz
INFORME 8: LA CICIG Y LA CONSTITUCIÓN DE GUATEMALA
La CICIG
El actor más significativo en la gobernanza reciente de Guatemala ha sido la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG.
Según las Naciones Unidas, que inventó esta Comisión y su mandato, la CICIG “busca investigar cuerpos ilegales de seguridad, aparatos clandestinos de seguridad y grupos criminales que posiblemente se han infiltrado en las instituciones del Estado de Guatemala, fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos”.
La entidad está a cargo de un comisionado, y tanto él como todo el personal de la CICIG gozan de inmunidad diplomática y otros privilegios inherentes a ese estatus. Por la misma razón y de acuerdo con los tratados de derecho internacional, también están sujetos a las limitaciones propias de los diplomáticos. La primera de ellas es que ningún diplomático puede inmiscuirse en los asuntos internos del país anfitrión.
En 2015, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, auspició y convocó a una serie de “mesas de diálogo” en las que invitó a una serie de grupos de ciudadanos afines a crear una campaña para reformar la Constitución de Guatemala.
Tal era el aparato propagandístico y el poder de la CICIG que muy pocas personas se preguntaron: ¿por qué se le permite a la CICIG promover reformas a la Constitución de Guatemala y a su orden social si es una entidad diplomática?
La batalla en el Congreso
En 2016, el presidente Jimmy Morales, en un acto de promoción política del proyecto, el cual aún no tenía un texto definitivo, anunció que él mismo enviaría las propuestas de la CICIG al Congreso. Sin embargo, el presidente al no estar de acuerdo con la redacción final, cambió de opinión y jamás lo hizo. Varios de los que participaron manifestaron que este no contenía el texto que se había aprobado en las discusiones.
La respuesta de la CICIG fue dar instrucciones a la Fiscal General de la República para que presentara cargos de corrupción contra el hijo y el hermano del presidente Morales. A instancias de la CICIG –que carecía de facultades para proponer reformas constitucionales–, cincuenta y dos legisladores “hicieron suyo” el proyecto y presentaron como propia, la iniciativa de reforma constitucional de la CICIG. Después de rechazar fácilmente los primeros artículos, y aprobar algunos que no contenían materia importante, el Congreso abordó una de las propuestas más conflictivas de la CICIG: reemplazar el sistema unitario de justicia de Guatemala por un sistema fragmentario de “jurisdicción indígena” en el que actuarían como jueces individuos denominados “autoridades ancestrales”.
El efecto, en una nación pobre con veintidós poblaciones de diferente etnia, habría sido imponer un régimen legal de “cada cual tiene sus gustos”.
El comisionado de la CICIG Iván Velásquez, la fiscal general Thelma Aldana y el procurador de los derechos humanos Jorge De León asistieron a la sesión del Congreso en la que los miembros debatieron el polémico artículo. A pesar de la presencia de dichas autoridades, la propuesta no logró obtener los votos necesarios.
Velásquez se reunió con los diputados líderes de las bancadas de los partidos políticos en algunos hoteles de la ciudad para presionarlos a votar a favor de sus intereses –actividad que encaja en la definición de “cabildeo”–, mientras que los medios nacionales e internacionales informaban que el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, estaba trabajando por su propia cuenta para conseguir apoyo para las propuestas.
El proyecto de reforma de la CICIG también proponía cambiar el procedimiento establecido en la Constitución para el nombramiento de jueces y magistrados. Se propuso la creación de lo que se denominó “Consejo Nacional de Justicia” en cuya integración, entre otras cosas, los jueces de los tribunales inferiores y personas no versadas en Derecho serían los nominadores de los magistrados de los tribunales superiores.
Los miembros del consejo propuesto tendrían poder sobre todas las nominaciones judiciales. El efecto sería alterar el equilibrio que la Constitución había elaborado cuidadosamente para la separación de poderes que caracteriza a la república. En su lugar, estaría un único ente judicial con todo el poder otorgado a los actuales ocupantes de puestos judiciales, casi todos cooptados por la CICIG.
En otras palabras, la CICIG estaría manejando el organismo judicial y éste tendría dominio sobre el Ejecutivo y el Legislativo.
Esta propuesta generó tanta oposición que sus partidarios nunca lograron reunir los votos necesarios para intentar llevarla a votación.
La batalla política
El congresista Fernando Linares solicitó una medida de amparo contra la presencia del comisionado Velásquez en las sesiones del Congreso, sobre la base constitucional de que ningún extranjero –Velásquez es ciudadano colombiano– puede tomar parte en las decisiones en materia política que por mandato constitucional corresponden con exclusividad a los guatemaltecos.
El diputado Linares también solicitó un amparo contra la presencia ilegal de la fiscal Aldana en el Congreso que consideró un intento de coaccionar e intimidar a los diputados. Poco después, la fiscal Aldana presentó una denuncia penal contra Linares, confirmando así la sindicación de coacción e intimidación que originó la denuncia en su contra.
A pesar de que la Constitución otorga a los diputados la prerrogativa de irresponsabilidad por sus opiniones en el desempeño de su cargo, la fiscal general acusó a Linares de haber cometido el delito de discriminación y pidió a la Corte Suprema de Justicia que se le revocara su inmunidad parlamentaria. Para ello, argumentó que, como miembro del Congreso, se había pronunciado contra un proyecto de ley que asignaría fondos a ONGs que ayudan a personas con discapacidad.
Esto fue un ataque abierto a los derechos del diputado Linares como miembro del Congreso; la Fiscalía exigió la eliminación del derecho constitucional de los congresistas a expresar libremente sus opiniones en los debates legislativos. Estados Unidos se sumó a esta maniobra de una manera evidente e insidiosa. En abril de 2017, el Consulado estadounidense, abruptamente y sin explicación, canceló el derecho de visa del congresista Linares para viajar a Estados Unidos.
Para ese entonces, Donald Trump se había convertido en presidente; y el embajador Robinson, designado por Obama, afirmaba falsamente que representaba las políticas del nuevo presidente. Sin embargo, era el congresista Linares, conocido simpatizante de Trump, quien representaba en mejor forma los valores estadounidenses que el embajador de Estados Unidos desvergonzadamente afirmaba defender.
Conclusión
El intento de la CICIG de cambiar arbitrariamente el sistema de justicia de Guatemala mediante una reforma constitucional fue un rotundo fracaso y para perpetrarlo se valió de evidentes violaciones a la Constitución y las leyes del país.
Luego de la decisión del presidente Morales de no presentar la propuesta de la CICIG, cincuenta y dos congresistas –en su mayoría miembros del partido UNE, cooptado por la CICIG– la presentaron como iniciativa propia. Su patrocinio fue ilegal porque los llevó a actuar como testaferros de los autores de una intervención extranjera: el comisionado Velásquez y la CICIG.
La fiscal general y el procurador de derechos humanos también violaron la ley con sus intervenciones ante el Congreso, porque sus puestos no confieren la facultad de promover reformas constitucionales.
Los cargos de la fiscal general contra el hermano y el hijo del presidente, así como contra el congresista Linares, eran manifiestamente infundados y constituían simplemente intentos descarados de intimidar al presidente y a los legisladores para que favorecieran el programa intervencionista de la CICIG.
En cuanto al comisionado Velásquez, no solo fue más allá del mandato de la CICIG, sino que confabulándose con su secuaz, la fiscal general Aldana y su patrocinador, el embajador de los Estados Unidos Todd Robinson, abusó de la autoridad de su cargo para liderar lo que podría describirse fácilmente como un intento de subvertir la democracia en Guatemala.
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