VINO VIEJO EN BOTELLAS NUEVAS
Antes de despedirse de la escena mundial, los funcionarios del gobierno de Obama anunciaron el fin del imperialismo estadounidense en América Latina.
El imperialismo estadounidense “es parte del pasado. Definitivamente es parte del pasado”. Así lo dijo la ex subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, quien hoy se desempeña como embajadora de Donald Trump en México.
La política de Estados Unidos hacia América Latina ya no se formula en términos de hegemonía o seguridad hemisférica, fácilmente vistas como sinónimos de la dominación estadounidense. La política de hoy llega con frases como “derechos humanos”, “derechos de las mujeres”, “derechos indígenas”, “respeto por el medio ambiente”, “anti-corrupción”, y “anti-impunidad”.
En realidad, esos conceptos están siendo utilizados para atacar la soberanía de naciones independientes, para reducir sus posibilidades de alcanzar sus destinos. No existe un caso más claro que la persecución de las compañías hidroeléctricas Oxec en Guatemala.
Gran parte de Guatemala, gracias a la ayuda de las Naciones Unidas y de otros países, está dominada por milicias fuertemente armadas que la ONU ha designado como “grupos de derechos humanos” y “líderes indígenas”. En muchas áreas del país, esos grupos han expulsado del poder a funcionarios legítimamente electos y han suplantado a la Policía y al Ejército, los cuales no se atreven a desafiarlos.
Las milicias tienen sus propios sistemas de justicia, incluidas cárceles clandestinas, que utilizan para intimidar a la gente común. Los líderes de las milicias han prohibido frecuente y decisoriamente proyectos de desarrollo en sus zonas por parte de compañías como Oxec, proyectos que crearían riqueza, empleos y prosperidad para los pueblos rurales.
Esos proyectos también eliminarían la capacidad de las milicias de controlar a las poblaciones que dominan. Da la casualidad de que los partidarios del derecho internacional, enamorados de consignas como “derechos humanos”, “derechos indígenas” y otros, han dado un apoyo decisivo a estos grupos subversivos.
A finales de 2015, Bernardo Caal, un activista que había trabajado con varias de estas milicias, interpuso una demanda contra dos proyectos de Oxec en la región indígena Q’Eqchi que está ubicada en la zona centro-norte de Guatemala. Caal afirmó que la compañía no había consultado a las comunidades indígenas acerca de los proyectos, tal como la ley dispone.
El demandante solicitó a la Corte Suprema, el segundo cuerpo judicial más alto de Guatemala, que cancelara las licencias de Oxec, alegando que la compañía no había consultado a las comunidades en la forma establecida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una agencia de la ONU.
Los defensores de las empresas y el Ministerio de Energía y Minas cuestionaron enérgicamente este reclamo, diciendo que los funcionarios responsables habían realizado un trabajo de consulta exhaustivo a las comunidades. Las personas de las comunidades indígenas declararon que efectivamente habían sido consultadas. Dijeron que querían que los proyectos continúen.
Esos testigos también dijeron que Caal no hablaba por ellos. Su testimonio derribó la afirmación de Caal de haber estado representando a cualquier persona salvo a él mismo y, por supuesto, a cualquier “líder indígena” para quien pudiera estar operando.
El tribunal, sin embargo, falló a favor de Caal. Las empresas y el Ministerio de Energía y Minas apelaron el caso ante el máximo órgano judicial del país, la Corte de Constitucionalidad. Mientras que los autores de la apelación esgrimían con hechos y la ley, el demandante argumentaba sobre política. Caal y las personas para las que estaba operando querían que la corte consagrara su interpretación del Convenio 169 de la OIT como parte de la ley nacional de Guatemala. Y ésta emitió un veredicto que debe haber excedido los sueños más increíbles del demandante.
La Corte de Constitucionalidad decretó que su interpretación del Convenio 169 de la OIT a partir de ahora serviría de base para las directrices en todas las consultas que incluyeran a comunidades indígenas. También dijo que el Gobierno tendría que cumplir esos estándares, no solo en este caso, sino en todos los casos futuros.
Además, y aquí los magistrados mostraron su verdadero objetivo, la corte emitió una orden al Congreso: dentro de un año debía aprobar una ley que estableciera las condiciones bajo las cuales las comunidades indígenas deben realizar las consultas, de acuerdo con el criterio de la corte.
Sobre todo, esa sentencia mostró cómo los miembros de la corte más alta del país tratan de concentrar el poder político en el organismo judicial, un poder que luego sería utilizado para hacer que la nación se subordine a su interpretación del derecho internacional. La decisión de la Corte de Constitucionalidad contradijo rotundamente la ratificación de Guatemala del Convenio 169 de la OIT, que descartaba cualquier medida incompatible con la Constitución.
El imperialismo tradicional solía venir del exterior. Este nuevo imperialismo ha sido instrumentalizado por la propia Corte Constitucional del país, junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una agencia designada por la ONU que ha transformado al Ministerio Público de Guatemala en su instrumento de coacción política.
Hace algunos años, la CICIG recibió una solicitud para que investigara las actividades de una milicia de “derechos humanos” en la región de San Marcos, al oeste de Guatemala. Esa milicia, que se hace llamar “Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales” (FRENA), había suplantado a los funcionarios electos de la región e instituido su propio gobierno tiránico sobre los campesinos que la habitan.
Con la complicidad del Gobierno central, FRENA intimidó al Ejército y la Policía hasta el punto de la inacción. Lo que definió el logro de la milicia fue el bloqueo de un proyecto hidroeléctrico que se mantuvo así durante varios años, una acción que extendió la pobreza y alentó a muchas personas a huir hacia Estados Unidos en busca de oportunidades económicas.
En el verano de 2014, grupos de ciudadanos dijeron a periodistas visitantes de Estados Unidos que deseaban que el proyecto hidroeléctrico siguiera adelante y que las fuerzas del orden público estuvieran en manos de la Policía, no de la milicia. En otra conversación con esos mismos periodistas, el líder de la milicia, que se hacía llamar el “alcalde indígena” de la capital provincial, citó el Convenio 169 de la OIT como si fuera parte de su breviario, y de hecho lo era.
En 2015, un verdadero activista de derechos humanos puso una denuncia ante la CICIG y le pidió que investigara las actividades de la milicia FRENA. El mandato de la CICIG es investigar y desmantelar los grupos armados extrajudiciales que interfieren con las libertades básicas y están fuera del alcance de la ley. Ese mandato podría haber sido escrito con referencia a un cuerpo armado como FRENA.
Pero el comisionado de la CICIG declinó esta solicitud en una carta que no dirigió al activista sino a la fiscal general. El comisionado afirmó que tal investigación contravendría la “necesidad de la CICIG de optimizar sus recursos disponibles durante el período de su mandato”.
Era una clásica evasión burocrática que tenía el propósito adicional de decirle a la fiscal general que también descartara el asunto. Esto, a pesar de que el mismo comisionado posteriormente subrayó que el Ministerio Publico “por disposición legal…tiene que investigar todos los delitos que se cometan en el país.” Tal como están las cosas ahora, la CICIG y la Corte de Constitucionalidad están alineados tras el propósito de imponer su interpretación del derecho internacional sobre Guatemala. Sus decisiones dejan totalmente descuidados los intereses de Estados Unidos, que brinda un apoyo material crucial a la CICIG. Al hacer caso omiso de una revisión profunda de su propia política, Estados Unidos tolera un ataque a sus propios intereses vitales, al tiempo que exalta los intereses de sus enemigos.
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Last Updated: 2 mayo, 2018 by LaVoz
INFORME 10: EL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE EN AMÉRICA LATINA
VINO VIEJO EN BOTELLAS NUEVAS
Antes de despedirse de la escena mundial, los funcionarios del gobierno de Obama anunciaron el fin del imperialismo estadounidense en América Latina.
El imperialismo estadounidense “es parte del pasado. Definitivamente es parte del pasado”. Así lo dijo la ex subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, quien hoy se desempeña como embajadora de Donald Trump en México.
La política de Estados Unidos hacia América Latina ya no se formula en términos de hegemonía o seguridad hemisférica, fácilmente vistas como sinónimos de la dominación estadounidense. La política de hoy llega con frases como “derechos humanos”, “derechos de las mujeres”, “derechos indígenas”, “respeto por el medio ambiente”, “anti-corrupción”, y “anti-impunidad”.
En realidad, esos conceptos están siendo utilizados para atacar la soberanía de naciones independientes, para reducir sus posibilidades de alcanzar sus destinos. No existe un caso más claro que la persecución de las compañías hidroeléctricas Oxec en Guatemala.
Gran parte de Guatemala, gracias a la ayuda de las Naciones Unidas y de otros países, está dominada por milicias fuertemente armadas que la ONU ha designado como “grupos de derechos humanos” y “líderes indígenas”. En muchas áreas del país, esos grupos han expulsado del poder a funcionarios legítimamente electos y han suplantado a la Policía y al Ejército, los cuales no se atreven a desafiarlos.
Las milicias tienen sus propios sistemas de justicia, incluidas cárceles clandestinas, que utilizan para intimidar a la gente común. Los líderes de las milicias han prohibido frecuente y decisoriamente proyectos de desarrollo en sus zonas por parte de compañías como Oxec, proyectos que crearían riqueza, empleos y prosperidad para los pueblos rurales.
Esos proyectos también eliminarían la capacidad de las milicias de controlar a las poblaciones que dominan. Da la casualidad de que los partidarios del derecho internacional, enamorados de consignas como “derechos humanos”, “derechos indígenas” y otros, han dado un apoyo decisivo a estos grupos subversivos.
A finales de 2015, Bernardo Caal, un activista que había trabajado con varias de estas milicias, interpuso una demanda contra dos proyectos de Oxec en la región indígena Q’Eqchi que está ubicada en la zona centro-norte de Guatemala. Caal afirmó que la compañía no había consultado a las comunidades indígenas acerca de los proyectos, tal como la ley dispone.
El demandante solicitó a la Corte Suprema, el segundo cuerpo judicial más alto de Guatemala, que cancelara las licencias de Oxec, alegando que la compañía no había consultado a las comunidades en la forma establecida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una agencia de la ONU.
Los defensores de las empresas y el Ministerio de Energía y Minas cuestionaron enérgicamente este reclamo, diciendo que los funcionarios responsables habían realizado un trabajo de consulta exhaustivo a las comunidades. Las personas de las comunidades indígenas declararon que efectivamente habían sido consultadas. Dijeron que querían que los proyectos continúen.
Esos testigos también dijeron que Caal no hablaba por ellos. Su testimonio derribó la afirmación de Caal de haber estado representando a cualquier persona salvo a él mismo y, por supuesto, a cualquier “líder indígena” para quien pudiera estar operando.
El tribunal, sin embargo, falló a favor de Caal. Las empresas y el Ministerio de Energía y Minas apelaron el caso ante el máximo órgano judicial del país, la Corte de Constitucionalidad. Mientras que los autores de la apelación esgrimían con hechos y la ley, el demandante argumentaba sobre política. Caal y las personas para las que estaba operando querían que la corte consagrara su interpretación del Convenio 169 de la OIT como parte de la ley nacional de Guatemala. Y ésta emitió un veredicto que debe haber excedido los sueños más increíbles del demandante.
La Corte de Constitucionalidad decretó que su interpretación del Convenio 169 de la OIT a partir de ahora serviría de base para las directrices en todas las consultas que incluyeran a comunidades indígenas. También dijo que el Gobierno tendría que cumplir esos estándares, no solo en este caso, sino en todos los casos futuros.
Además, y aquí los magistrados mostraron su verdadero objetivo, la corte emitió una orden al Congreso: dentro de un año debía aprobar una ley que estableciera las condiciones bajo las cuales las comunidades indígenas deben realizar las consultas, de acuerdo con el criterio de la corte.
Sobre todo, esa sentencia mostró cómo los miembros de la corte más alta del país tratan de concentrar el poder político en el organismo judicial, un poder que luego sería utilizado para hacer que la nación se subordine a su interpretación del derecho internacional. La decisión de la Corte de Constitucionalidad contradijo rotundamente la ratificación de Guatemala del Convenio 169 de la OIT, que descartaba cualquier medida incompatible con la Constitución.
El imperialismo tradicional solía venir del exterior. Este nuevo imperialismo ha sido instrumentalizado por la propia Corte Constitucional del país, junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una agencia designada por la ONU que ha transformado al Ministerio Público de Guatemala en su instrumento de coacción política.
Hace algunos años, la CICIG recibió una solicitud para que investigara las actividades de una milicia de “derechos humanos” en la región de San Marcos, al oeste de Guatemala. Esa milicia, que se hace llamar “Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales” (FRENA), había suplantado a los funcionarios electos de la región e instituido su propio gobierno tiránico sobre los campesinos que la habitan.
Con la complicidad del Gobierno central, FRENA intimidó al Ejército y la Policía hasta el punto de la inacción. Lo que definió el logro de la milicia fue el bloqueo de un proyecto hidroeléctrico que se mantuvo así durante varios años, una acción que extendió la pobreza y alentó a muchas personas a huir hacia Estados Unidos en busca de oportunidades económicas.
En el verano de 2014, grupos de ciudadanos dijeron a periodistas visitantes de Estados Unidos que deseaban que el proyecto hidroeléctrico siguiera adelante y que las fuerzas del orden público estuvieran en manos de la Policía, no de la milicia. En otra conversación con esos mismos periodistas, el líder de la milicia, que se hacía llamar el “alcalde indígena” de la capital provincial, citó el Convenio 169 de la OIT como si fuera parte de su breviario, y de hecho lo era.
En 2015, un verdadero activista de derechos humanos puso una denuncia ante la CICIG y le pidió que investigara las actividades de la milicia FRENA. El mandato de la CICIG es investigar y desmantelar los grupos armados extrajudiciales que interfieren con las libertades básicas y están fuera del alcance de la ley. Ese mandato podría haber sido escrito con referencia a un cuerpo armado como FRENA.
Pero el comisionado de la CICIG declinó esta solicitud en una carta que no dirigió al activista sino a la fiscal general. El comisionado afirmó que tal investigación contravendría la “necesidad de la CICIG de optimizar sus recursos disponibles durante el período de su mandato”.
Era una clásica evasión burocrática que tenía el propósito adicional de decirle a la fiscal general que también descartara el asunto. Esto, a pesar de que el mismo comisionado posteriormente subrayó que el Ministerio Publico “por disposición legal…tiene que investigar todos los delitos que se cometan en el país.” Tal como están las cosas ahora, la CICIG y la Corte de Constitucionalidad están alineados tras el propósito de imponer su interpretación del derecho internacional sobre Guatemala. Sus decisiones dejan totalmente descuidados los intereses de Estados Unidos, que brinda un apoyo material crucial a la CICIG. Al hacer caso omiso de una revisión profunda de su propia política, Estados Unidos tolera un ataque a sus propios intereses vitales, al tiempo que exalta los intereses de sus enemigos.
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