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INFORME 11: “¡BRUJERÍAS!”

EL TRIUNFO DE LA POLÍTICA SOBRE LA JUSTICIA


El no-tan-lamentado difunto Fidel Castro describió sucintamente el principio rector de Cuba bajo su mandato: “Dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada”.

En noviembre de 2015, poco después de la sorpresiva elección que llevó a Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala, el nuevo ministro del Interior nombró al capitán retirado Óscar Platero como subdirector de Inteligencia Civil (Digici). Platero, un hombre bastante calificado para el cargo, dijo luego a los periodistas que había trabajado con la CICIG “a sus inicios en 2007 […] porque pensé que iba a perseguir el crimen organizado”. Sin embargo, agregó, la CICIG extrañamente no se había interesado en la información que él proporcionaba.

Dada su animadversión con la CICIG, el nombramiento de Platero fue polémico. El presidente Alejandro Maldonado le dijo a un entrevistador que no veía ninguna razón para que Platero no accediera al cargo. Sin embargo, un día después de decir esto, el presidente anunció a través de un portavoz que había ordenado al Ministerio del Interior que cancelara el nombramiento de Platero.

Como lo explicó el vocero, la Digici del Ministerio del Interior “está estrechamente relacionada con el Ministerio Público y la CICIG. Esta armonía es indispensable, por lo que es importante que ese personal tenga una excelente relación laboral“.

Éste es ahora el principio rector en el Ministerio Público, que es el hogar oficial de la CICIG. En los últimos años, la CICIG ha extendido su poder a través del control de nombramientos en la rama judicial. El poder de seleccionar jueces permite a la CICIG determinar qué es ley y qué no.

A finales de 2016, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la segunda instancia judicial más alta de Guatemala, eligieron a uno de sus pares, la magistrada Silvia Patricia Valdés, para que presidiera la corte por un año. Pero luego un simpatizante de la CICIG solicitó al máximo órgano judicial del país, la Corte de Constitucionalidad, que anulara el nombramiento de Valdés, argumentando que su elección no era válida porque un magistrado suplente había participado en la votación.

Éste no fue un caso de justicia imparcial, sino una decisión política. La Corte de Constitucionalidad, controlada por la CICIG, decidió expulsar a Valdés de la presidencia de la Corte Suprema, que luego fue ocupada por un juez con antecedentes de favorecer los deseos del Ministerio Público, controlada por la CICIG.

En la decisión de la Corte de Constitucionalidad contra Valdés, no fue uno sino dos magistrados suplentes quienes votaron para anular la elección –una ironía ignorada por los partidarios de la CICIG, pero bien observada por otros. En la actualidad, la cabeza de la Corte de Constitucionalidad es la magistrada Gloria Porras.

En junio de 2010, como funcionaria del Ministerio Público, Porras fue una pieza clave en la abrupta destitución del fiscal general Conrado Reyes, un fraude judicial perpetrado por el entonces comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, y el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland. El año siguiente, 2011, Porras fue nombrada magistrada de la Corte de Constitucionalidad. En 2015, la CICIG y la embajada de Estados Unidos realizaron una campaña inapropiada para que volviera a ser nombrada.

El embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, se reunió personalmente con los diputados del Congreso de Guatemala para coaccionarlos a que aprobaran un segundo mandato de Porras. El 3 de octubre de 2017, la Fundación contra el Terrorismo presentó una denuncia penal contra Porras y dos auditores del gobierno por peculado, malversación, y otros delitos tras la presunta autorización ilegal de bonos para ella y los empleados del tribunal. La evidencia era irrefutable: un documento público firmado por Porras.

Cinco días después, la Corte Suprema de Justicia, rechazó la denuncia, incumpliendo su obligación legal de enviar el caso al Congreso de la república para el nombramiento de una comisión pesquisidora, tal como lo exige la ley de Antejuicios. Como muestra evidente de su parcialidad, la Corte Suprema de Justicia había aceptado un caso de la Fiscalía contra el congresista Fernando Linares y había nombrado a un juez investigador inmediatamente.

El asunto concierne a cuatro personas con discapacidad que habían cabildeado en el Congreso. En febrero de 2017, los demandantes alegaron que Linares había hablado con ellos de una manera “irrespetuosa y arrogante, utilizando un lenguaje discriminatorio”.

La Constitución establece que los miembros del Congreso no son responsables por “sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo”. Además de garantizar la libertad de expresión en general, la Constitución protege específicamente los derechos de los congresistas de hablar libremente en el desempeño de sus funciones.

Aun así, la Corte Suprema resolvió que la denuncia de las personas discapacitadas era legítima. Notablemente, la juez Silvia Patricia Valdés discrepó con la decisión de la corte. A pesar del evidente absurdo, de la clara violación de la Constitución, y a pesar de una recomendación del propio juez investigador en contra de dicha acción, la Corte Suprema votó para despojar a Linares de su inmunidad y convertirlo en objeto de persecución penal.

Por decisión política de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia ahora está decidiendo arbitrariamente los méritos de los casos antes de que lleguen a juicio. La base explícita de estas decisiones es proteger o dar estatus de “inmunidad” a la o las personas acusadas, pero el criterio implícito es beneficiar a la persona que es afín a la CICIG.

A la magistrada Gloria Porras, la Corte Suprema de Justicia le confirmó su inmunidad y rechazó la denuncia en su contra. En el caso de Fernando Linares, quien es un conocido adversario de la CICIG y su agenda, el tribunal hizo todo lo posible por pasar por encima de la Constitución y retirarle su inmunidad como legislador. Debido a que muchos jueces temen a la CICIG, Linares está en riesgo de terminar en la cárcel.

Una curiosidad de estos pronunciamientos judiciales es el uso constante de la frase latina in límine para justificar las decisiones y hacer que parezcan legítimas. La frase simplemente significa “al inicio” es decir sin entrar a conocer lo que se plantea.

La ley especifica que ningún tribunal puede determinar los méritos de un caso antes de que sea juzgado. Para estos efectos, la frase in limine no tiene más validez legal que un conjuro de brujas. Pero en un sentido más fundamental, el conjuro recompensa a aquellos que han logrado el triunfo de la política sobre la justicia.

La CICIG, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el procurador de los derechos humanos están involucrados en un movimiento subversivo cuyo objetivo es el poder completo sobre todas las ramas del gobierno; y están ganando. A pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios y magistrados (Valdés, Linares y ahora el propio presidente Morales), muchas personas se han alineado con ellos.

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