LA COMISIÓN SUBVERSIVA
La CICIG fue creada por un Acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala, para hacer un trabajo muy diferente del que ha venido realizando. Esta desviación ha generado una amenaza tanto para Guatemala como para el orden internacional. No obstante, de manera insólita, ha recibido el apoyo tanto de los “progresistas” internacionales como el apoyo político y económico de Estados Unidos.
La tarea que la CICIG se comprometió a hacer fue identificar y desmantelar organizaciones para-legales que reprimen la práctica y el goce de la libertad de los guatemaltecos. La reciente presentación magistral que el comisionado Iván Velásquez ofreció a académicos internacionales en el Centro Wilson –una institución del gobierno estadounidense ubicada en Washington DC– demuestra exactamente de qué se trata la CICIG.
El señor Velásquez destinó la mayor parte del tiempo de su charla para hablar de su criterio personal acerca de qué clase de fiscal general debería tener Guatemala, mientras que una candidata que aspira al cargo y cuenta con su aprobación lo escuchaba y aplaudía en la primera fila del auditorio. Más que apoyar un candidato en particular para el cargo de fiscal general, Velásquez reivindicaba el supuesto derecho de la CICIG –es más, su deber según él– de hacer un juicio sobre cómo y por qué la república de Guatemala y su gobierno deberían actuar según su incontrovertible criterio.
Este patrón de conducta lo ha observado la CICIG desde hace ya mucho tiempo. En el 2010, un comisionado anterior de la CICIG, logró la destitución de un fiscal general, supuestamente por haber tenido vínculos, nunca corroborados, con el crimen organizado. Ninguna acusación formal contra ese fiscal general fue planteada después de su remoción. Gracias a señalamientos falsos, en los que la CICIG jugó un rol cardinal, el fiscal general Conrado Reyes tuvo que abandonar su cargo. Lejos de ser olvidada, la remoción ilícita de Reyes está a la orden del día; el comisionado actual intentó justificarla en el foro en Washington en marzo del 2018.
En lugar de concentrarse en resolver los problemas endémicos de la seguridad en Guatemala, como es su obligación, los funcionarios de la CICIG simplemente se han dedicado a incrementar su poder político e inquisitivo. Hace tres años, una ciudadana guatemalteca solicitó a la CICIG que investigara cuerpos ilegales que habían establecido control clandestino en grandes áreas del occidente de Guatemala.
Semanas más tarde, el comisionado Velásquez respondió a esta solicitud enviando copia de la denuncia a la fiscal general Thelma Aldana. La carta de Velásquez decía, en efecto, que no estaba dentro de sus prioridades atender esa denuncia y que lo remitía al Ministerio Público para hacer lo que la fiscal considerara pertinente. La fiscal no hizo absolutamente nada en relación a la denuncia.
El comisionado se equivocó. Esa ciudadana, Karen Ness, simplemente instaba a la CICIG a hacer, ni más ni menos, lo que su mandato indica. La señora Ness, quien también es ciudadana estadounidense, viajó a Washington DC para el foro en marzo del 2018 y le preguntó sobre el asunto. El señor Velásquez evadió responder diciendo que no sabía, que no se acordaba, y que a la CICIG le llegan tantos casos que no pueden atenderlos todos. Ahora, si pudieran conseguir más fondos, dijo, podrían hacer más investigaciones.
Un punto irónico de la situación es que la CICIG tiene una libertad completa respecto a cualquier fiscalización o consecuencia de sus actos. Ni siquiera los líderes o ejércitos de los países más poderosos del mundo tienen ese tipo de autonomía, pero la CICIG sí. Su inmunidad diplomática le ha permitido matar, encarcelar y expropiar impunemente. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad le ha blindado ante cualquier intento de limitar su poder, al declarar su inmunidad de expulsión.
Cuando los diplomáticos se extralimitan, se exponen a la expulsión del país en el que han cometido las violaciones. En agosto del 2017, el presidente de Guatemala invocó su autoridad, bajo la ley constitucional e internacional, para declarar a Iván Velásquez persona non grata e insistir en su expulsión. Se desató una protesta internacional liderada por el Departamento de Estado de Estados Unidos; la Corte de Constitucionalidad, que ahora cuenta con una mayoría de magistrados titulares que son pro-CICIG, anuló los esfuerzos del presidente.
La CICIG se niega a ser limitada por la Constitución de Guatemala, por la autoridad ejecutiva legalmente electa y hasta por los tratados internacionales sobre relaciones diplomáticas y de derechos humanos. Incluso, ha conseguido cooptar el organismo judicial para que avale sus violaciones.
Hasta el día de hoy, el predominio absoluto de la CICIG ha tenido, entre otros, estos efectos sobre la sociedad guatemalteca:
- Ha permitido que organizaciones subversivas –como la antigua guerrilla insurrecta, las milicias y otras– jueguen un papel groseramente preponderante, incluso despótico, en la gobernanza del país.
- Ha sembrado el terror en la sociedad civil, y ha violado la Ley de Reconciliación Nacional que concluyó el conflicto armado interno.
- Ha destruido la certeza jurídica que deberían proporcionar las instituciones imparciales.
- Su agenda política ha acaparado atención y recursos que deberían enfocarse en combatir la violencia ordinaria, dejando a la población desprotegida.
- Finalmente, la CICIG ha indicado su siguiente pretension: así como aspira a tener un fiscal general ad–hoc a sus intereses, también pretende que el presidente de Guatemala tenga la misma inclinación. En el léxico de la CICIG, es el siguiente paso lógico. En el lenguaje de la política, se llama subversión.
Esto se ha convertido en un problema para Estados Unidos. Mientras su embajador se toma fotos con el señor Velásquez sosteniendo un rótulo que dice: “Yo [corazón] CICIG”, mientras algunos miembros del Congreso de Estados Unidos y los diplomáticos estadounidenses declaran su apoyo oficial por esta Comisión que ha sido sindicada de cometer múltiples delitos, mientras Estados Unidos continúa aportando el 90% de su presupuesto y mientras instituciones estadounidenses como el Centro Wilson dedican su tiempo y recursos a darle una plataforma a Velásquez, Estados Unidos no asume su responsabilidad de prestar atención a lo que realmente ocurre y de corregir los abusos.
La CICIG ha minado la independencia y certeza jurídica de Guatemala. Sus acciones han incrementado los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad que tiene la obligación de abolir. La seguridad del hemisferio y la integridad de las fronteras de Estados Unidos se verán seriamente afectadas, si el orden constitucional de Guatemala se derrumba. Ya es hora de que Estados Unidos honre la soberanía de Guatemala, que comprenda lo que en realidad es la CICIG y que no ponga obstáculos para que el presidente y el Congreso de la repúlbica puedan tomar acciones ante esta Comisión de la ONU, que subvierte el orden constitucional.
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Last Updated: 2 mayo, 2018 by LaVoz
CONCLUSIÓN
LA COMISIÓN SUBVERSIVA
La CICIG fue creada por un Acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala, para hacer un trabajo muy diferente del que ha venido realizando. Esta desviación ha generado una amenaza tanto para Guatemala como para el orden internacional. No obstante, de manera insólita, ha recibido el apoyo tanto de los “progresistas” internacionales como el apoyo político y económico de Estados Unidos.
La tarea que la CICIG se comprometió a hacer fue identificar y desmantelar organizaciones para-legales que reprimen la práctica y el goce de la libertad de los guatemaltecos. La reciente presentación magistral que el comisionado Iván Velásquez ofreció a académicos internacionales en el Centro Wilson –una institución del gobierno estadounidense ubicada en Washington DC– demuestra exactamente de qué se trata la CICIG.
El señor Velásquez destinó la mayor parte del tiempo de su charla para hablar de su criterio personal acerca de qué clase de fiscal general debería tener Guatemala, mientras que una candidata que aspira al cargo y cuenta con su aprobación lo escuchaba y aplaudía en la primera fila del auditorio. Más que apoyar un candidato en particular para el cargo de fiscal general, Velásquez reivindicaba el supuesto derecho de la CICIG –es más, su deber según él– de hacer un juicio sobre cómo y por qué la república de Guatemala y su gobierno deberían actuar según su incontrovertible criterio.
Este patrón de conducta lo ha observado la CICIG desde hace ya mucho tiempo. En el 2010, un comisionado anterior de la CICIG, logró la destitución de un fiscal general, supuestamente por haber tenido vínculos, nunca corroborados, con el crimen organizado. Ninguna acusación formal contra ese fiscal general fue planteada después de su remoción. Gracias a señalamientos falsos, en los que la CICIG jugó un rol cardinal, el fiscal general Conrado Reyes tuvo que abandonar su cargo. Lejos de ser olvidada, la remoción ilícita de Reyes está a la orden del día; el comisionado actual intentó justificarla en el foro en Washington en marzo del 2018.
En lugar de concentrarse en resolver los problemas endémicos de la seguridad en Guatemala, como es su obligación, los funcionarios de la CICIG simplemente se han dedicado a incrementar su poder político e inquisitivo. Hace tres años, una ciudadana guatemalteca solicitó a la CICIG que investigara cuerpos ilegales que habían establecido control clandestino en grandes áreas del occidente de Guatemala.
Semanas más tarde, el comisionado Velásquez respondió a esta solicitud enviando copia de la denuncia a la fiscal general Thelma Aldana. La carta de Velásquez decía, en efecto, que no estaba dentro de sus prioridades atender esa denuncia y que lo remitía al Ministerio Público para hacer lo que la fiscal considerara pertinente. La fiscal no hizo absolutamente nada en relación a la denuncia.
El comisionado se equivocó. Esa ciudadana, Karen Ness, simplemente instaba a la CICIG a hacer, ni más ni menos, lo que su mandato indica. La señora Ness, quien también es ciudadana estadounidense, viajó a Washington DC para el foro en marzo del 2018 y le preguntó sobre el asunto. El señor Velásquez evadió responder diciendo que no sabía, que no se acordaba, y que a la CICIG le llegan tantos casos que no pueden atenderlos todos. Ahora, si pudieran conseguir más fondos, dijo, podrían hacer más investigaciones.
Un punto irónico de la situación es que la CICIG tiene una libertad completa respecto a cualquier fiscalización o consecuencia de sus actos. Ni siquiera los líderes o ejércitos de los países más poderosos del mundo tienen ese tipo de autonomía, pero la CICIG sí. Su inmunidad diplomática le ha permitido matar, encarcelar y expropiar impunemente. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad le ha blindado ante cualquier intento de limitar su poder, al declarar su inmunidad de expulsión.
Cuando los diplomáticos se extralimitan, se exponen a la expulsión del país en el que han cometido las violaciones. En agosto del 2017, el presidente de Guatemala invocó su autoridad, bajo la ley constitucional e internacional, para declarar a Iván Velásquez persona non grata e insistir en su expulsión. Se desató una protesta internacional liderada por el Departamento de Estado de Estados Unidos; la Corte de Constitucionalidad, que ahora cuenta con una mayoría de magistrados titulares que son pro-CICIG, anuló los esfuerzos del presidente.
La CICIG se niega a ser limitada por la Constitución de Guatemala, por la autoridad ejecutiva legalmente electa y hasta por los tratados internacionales sobre relaciones diplomáticas y de derechos humanos. Incluso, ha conseguido cooptar el organismo judicial para que avale sus violaciones.
Hasta el día de hoy, el predominio absoluto de la CICIG ha tenido, entre otros, estos efectos sobre la sociedad guatemalteca:
Esto se ha convertido en un problema para Estados Unidos. Mientras su embajador se toma fotos con el señor Velásquez sosteniendo un rótulo que dice: “Yo [corazón] CICIG”, mientras algunos miembros del Congreso de Estados Unidos y los diplomáticos estadounidenses declaran su apoyo oficial por esta Comisión que ha sido sindicada de cometer múltiples delitos, mientras Estados Unidos continúa aportando el 90% de su presupuesto y mientras instituciones estadounidenses como el Centro Wilson dedican su tiempo y recursos a darle una plataforma a Velásquez, Estados Unidos no asume su responsabilidad de prestar atención a lo que realmente ocurre y de corregir los abusos.
La CICIG ha minado la independencia y certeza jurídica de Guatemala. Sus acciones han incrementado los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad que tiene la obligación de abolir. La seguridad del hemisferio y la integridad de las fronteras de Estados Unidos se verán seriamente afectadas, si el orden constitucional de Guatemala se derrumba. Ya es hora de que Estados Unidos honre la soberanía de Guatemala, que comprenda lo que en realidad es la CICIG y que no ponga obstáculos para que el presidente y el Congreso de la repúlbica puedan tomar acciones ante esta Comisión de la ONU, que subvierte el orden constitucional.
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