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INFORME 6: SIETE AÑOS EN PRISIÓN SIN HABER COMETIDO UN DELITO

Guatemala, mayo de 2009 a noviembre de 2017


2009: ¿Asesinato o suicidio?

El 10 de mayo de 2009, el abogado Rodrigo Rosenberg murió a balazos cerca de su casa en la Ciudad de Guatemala. Un día después, apareció un video en las redes sociales que Rosenberg grabó días antes de su muerte, en el cual afirmaba que los responsables de su muerte, si era asesinado, eran el presidente Álvaro Colom, la primera dama Sandra Torres, su secretario privado Gustavo Alejos, entre otros.

El mes anterior a la muerte de Rosenberg, dos de sus clientes, Khalil Musa y su hija Marjorie, también fueron abatidos a tiros en la ciudad capital. Musa, un hombre de negocios, había sido asignado director del Banco de Desarrollo de Guatemala (Banrural) por el presidente Colom.

En el video, Rosenberg afirmó que el presidente Colom, la primera dama Sandra Torres y sus asociados habían estado usando Banrural para malversar y lavar dinero. Musa fue asesinado, según Rosenberg, porque había objetado estos actos corruptos.

Desde la tumba, Rosenberg, gracias a la magia de las redes sociales, exigió la renuncia de Colom. Su llamado, emitido en la televisión nacional, inspiró protestas a gran escala que pusieron en peligro la continuación de Colom en la presidencia.

El presidente negó vehementemente las acusaciones y pidió a la CICIG que investigara.

La CICIG y el presidente Colom

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una entidad creada por la ONU que trabaja de la mano con el Ministerio Público de Guatemala. Según su mandato, la CICIG “lleva a cabo investigaciones independientes sobre las actividades de los grupos de seguridad ilegales y las estructuras de seguridad clandestinas”, definidas como grupos que “afectan el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de los guatemaltecos”.

En septiembre de 2009, la policía había detenido a nueve hombres acusados del asesinato de Rosenberg. La CICIG ya participaba en la investigación del caso. En noviembre de 2009, la CICIG emitió un informe que decía que su investigación había revelado la posible participación en el asesinato de los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz, hombres de negocios en el sector farmacéutico.

Ellos eran también primos de la ex esposa de Rosenberg. La CICIG formuló una teoría estrambótica del caso. Afirmó que Rosenberg se había suicidado, haciendo que los hermanos Valdés Paíz contrataran asesinos a sueldo para que lo eliminaran, con el objetivo de que su muerte fuera un motivo para derrocar al Gobierno de Colom.

La CICIG evidentemente estaba intentando exculpar a Colom y salvar su presidencia. Si ése era el objetivo, funcionó.

El caso se desarma

En diciembre de 2009, el Ministerio Público –con instrucciones de la CICIG, el querellante adhesivo– basado únicamente en el testimonio de testigos en prisión, exigió el arresto de los hermanos Valdés Paiz.

En respuesta, los hermanos Valdés presentaron una moción para que pudieran ver la evidencia en su contra. El tribunal a cargo de la causa les negó dicha moción.

El 28 de junio de 2010, los hermanos Valdés se entregaron en la oficina de la CICIG. La expropiación de sus activos, una conocida táctica de la CICIG contra sus acusados comenzó rápidamente; y los hermanos fueron confinados a la prisión en la base militar de Mariscal Zavala, donde debían esperar el juicio.

Casi desde el principio, el caso marchó mal para la CICIG. La Fiscalía intentó elevar el cargo de homicidio a asesinato, pero la juez Verónica Galicia negó la moción. Después de confrontaciones con los acusadores, Galicia se retiró del caso y el mismo fue asignado al juez Carlos Aguilar.

Casi de inmediato, la CICIG solicitó la recusación del juez Aguilar, alegando que guardaba rencor a la CICIG y era enemigo personal del comisionado de la CICIG. Aguilar, por su parte, declaró a principios de 2012 que la CICIG no tenía facultades para involucrarse en el caso, el cual calificó como un asunto penal ordinario.

La moción de la CICIG para recusar a Aguilar fue rechazada. Volvió a solicitarla dos veces más y dos veces más fue rechazada. Todo este proceso retardó el caso por muchos meses.

Después de perder la tercera recusación, la Corte Suprema de Justicia otorgó amparo provisional a favor de la CICIG, lo que detuvo totalmente el proceso. Pocos días después, el 30 de noviembre de 2012, la CICIG publicó una declaración en la que acusaba a Aguilar y a otros cinco jueces de favorecer a los grupos criminales que se oponían a la presencia de la CICIG en el país.

A partir del momento en que la CICIG había armado una confrontación pública contra Aguilar, él ya no podía seguir conociendo del proceso y fue por eso que se excusó el 14 de enero del 2014. El Comisionado de la CICIG procedió a regodearse, en su sitio web, de que la Corte Suprema había encontrado fallas en la objetividad de Aguilar.

La CICIG supo todo el tiempo que podía lanzar una campaña de desprestigio contra cualquier juez, sin consecuencias legales, gracias a la inmunidad diplomática de que disfruta.  Sin embargo, a pesar de su arrogancia, la CICIG no pudo evitar que todo se volviera contra ella. El 13 de julio de 2013, el testigo protegido de la Fiscalía, Manuel Cardona, se retractó de su testimonio contra los hermanos Valdés y confesó que la CICIG y los fiscales del Ministerio Público lo habían forzado a acusarles falsamente.

Esto volvió a suceder a principios de 2014, cuando el testigo protegido, Luis Paz, también se retractó de su testimonio y, de igual forma, dijo que había sido coaccionado por la CICIG.

Durante los próximos tres años, los abogados de la CICIG presentaron una serie de mociones frívolas y lograron mantener injustamente detenidos a los hermanos Valdés por tres años más. Finalmente, el 11 de mayo de 2017, el juez Mynor Moto dijo que liberaría a los hermanos dentro de tres meses si los fiscales no ofrecían pruebas de que hubieran cometido un delito.

Sin que aparecieran las pruebas, el 28 de agosto el juez desestimó el caso contra los hermanos Valdés por falta de pruebas. Los hermanos eran libres después de haber pasado más de siete años en prisión, sin que existiera una sola prueba válida en su contra. El Ministerio Público apeló, pero el tribunal de apelaciones confirmó la decisión de Moto en noviembre de 2017.

Algunos días después de que su apelación fallara, la CICIG anunció que presentaría cargos contra el juez Moto por sus acciones en otro caso en el que también había fallado contra la CICIG.

Observaciones

El proceso legal fue defectuoso desde el principio, cuando a los acusados se les negó el acceso a las pruebas que la acusación afirmaba tener. Adicionalmente vejatorio, fue el uso por parte de la CICIG de una táctica sucia: expropiaciones de los bienes de los acusados antes de su condena.

Las violaciones al debido proceso incluyeron coaccionar a los testigos encarcelados para que rindieran falso testimonio. La CICIG recurrió a maniobras marrulleras e insustanciales para ganar tiempo y mantener a los acusados en prisión.

La publicación de una lista de jueces a los que denominaba “jueces de la impunidad” calificándolos de corruptos, era un acto obvio de intimidación contra cualquier juez que pudiera emitir un fallo contra las pretensiones de la CICIG.

Gracias a la inmunidad diplomática, la CICIG podía tomar cualquier estrategia que quisiera, sin importar cuán abusiva o absurda fuera, porque sabía que nunca podrían deducírsele responsabilidades por sus acciones.

Al Ministerio Público, sin embargo, sí se le puede pedir cuentas, pero la fiscal general Thelma Aldana nunca ha nombrado un fiscal especial para investigar a sus fiscales subalternos. A la final, es de todos sabido que éstos proceden con instrucciones suyas y que ella es también responsable de las anomalías probadas en el proceso, otra razón por la que permanecen impunes.

Conclusión

Si los testigos no hubieran sido coaccionados e inducidos por la CICIG a prestar declaraciones falsas, los fiscales habrían retirado los cargos. No obstante, prolongaron de mala fe e innecesariamente el tiempo del proceso, recusaron a los jueces y los intimidaron, y mantuvieron a los acusados en la cárcel durante años después de que los testigos se habían retractado.

A pesar de estar probada plenamente la presentación de testigos falsos por el Ministerio Público y la CICIG –lo cual constituye un delito perseguible de oficio, expresamente sancionado por el Código Penal– inexplicablemente no se le deduce responsabilidad por estos hechos a ninguno de ellos hasta la presente fecha.

Esto es evidencia innegable de la impunidad con la que operan estas entidades, que han transformado el sistema de justicia en un instrumento de persecución política de los guatemaltecos.

La CICIG, que gozaba de perfecta impunidad, utilizó este caso para eliminar la presunción de inocencia del sistema judicial de Guatemala. Sin correspondencia con la verdad, la CICIG se erigió como autoridad que decide quién es corrupto y quién debe ir a la cárcel con su simple afirmación, hasta el punto de que ninguna autoridad se atreve a contradecirla, excepto los jueces que han pagado muy caro dictar un fallo imparcial.

La única manera de evitar este terrorismo judicial y prevenir tales abusos en el futuro es obligar a la CICIG a someterse a un régimen de supervisión constante. Dado que el personal de la CICIG tiene también inmunidad diplomática, la responsabilidad de esta supervisión pertenece a la ONU, quien al igual que la fiscal general no ha dado el mejor ejemplo en corregir los abusos de sus subalternos. El Secretario General de la ONU se ha negado a tomar cartas en el asunto.

Este caso –en el que han participado los tres comisionados que ha tenido la CICIG desde su instauración– es motivo suficiente para que el presidente de Guatemala, con la Constitución y las leyes de su lado, ponga fin al convenio celebrado con la ONU y expulse del país inmediatamente a todo el personal de la CICIG.

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