PROGRESISTAS CONTRA QUIJOTES
El Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas acordaron en 2006 crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), “no siendo un órgano de las Naciones Unidas“, que fortalecería la capacidad de Guatemala “para cumplir eficazmente con sus obligaciones dimanantes de las convenciones de derechos humanos de que es parte”.
Los objetivos declarados de la CICIG eran apoyar, fortalecer y asistir a las instituciones guatemaltecas “encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”. Los cuerpos ilegales de seguridad fueron definidos como aquellos que cometen “acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos […]”.
Según el acuerdo original, la CICIG tendría licencia plena para participar en la persecución específica de esos delitos junto con el Ministerio Público. Al mismo tiempo, el comisionado a cargo de la CICIG y sus subordinados disfrutarían “de los privilegios e inmunidades […] otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” de 1961.
El efecto de estas medidas fue otorgar a la CICIG un poder de persecución ilimitado combinado con total impunidad.
Grupos de activistas “progresistas” en Guatemala habían estado tratando de crear tal comisión desde mediados de la década de 1990, cuando las negociaciones de paz pusieron fin al conflicto armado interno que duró 36 años. En 2004, se le solicitó a la Corte de Constitucionalidad, el órgano judicial más importante de Guatemala, su opinión sobre si era posible aprobar legalmente el Acuerdo de creación de la entidad y la Corte respondió negativamente.
El tribunal aseveró que el órgano propuesto no sería un verdadero instrumento de derechos humanos. Además, sus actividades serían ilegales si participara en el ejercicio de la acción penal pública, una tarea que compete exclusivamente al Ministerio Público.
Aun así, una propuesta casi idéntica fue aprobada en 2006 por ese mismo tribunal, esta vez integrado por magistrados diferentes, de reciente nombramiento. El 12 de diciembre de 2006, el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firmaron el Acuerdo de creación de la CICIG.
Por disponerlo así el numeral 1, de la literal l) del artículo 171 de la Constitución, el presidente Óscar Berger remitió el Acuerdo al Congreso. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió también una opinión desfavorable, votando en contra de su aprobación y señalando que la aprobación de la CICIG violaría la Constitución en varios aspectos importantes.
Pero los deseos soberanos de una república constitucional estaban en contra de la opinión de la ONU. Fuerzas externas más poderosas exigían que el derecho internacional prevaleciera sobre la soberanía y presionaron fuertemente a los líderes políticos de Guatemala para que aprobaran la CICIG.
El 1 de agosto de 2007, el Congreso cedió y aprobó el acuerdo valiéndose del procedimiento de declarar el asunto de urgencia nacional, lo cual obviaba la discusión del acuerdo en el Pleno e impedía a los diputados presentar sus argumentos. El mandato de la comisión tendría dos años de duración, pero este plazo era prorrogable. Al contar con la aprobación del Congreso, el Ejecutivo procedió a ratificar el Acuerdo.
En 2009, el presidente Álvaro Colom, solicitó al Congreso la ampliación del plazo de la CICIG por dos años más, y el Congreso aprobó su presencia en el país hasta el 4 de septiembre de 2011.
Desde entonces, por presiones de la propia CICIG, el Ejecutivo, violando disposiciones expresas de la Constitución, ha ratificado la prórroga del plazo del Acuerdo ONU/GOBIERNO cuatro veces, por dos años más cada vez. El Ejecutivo ratificó tales prórrogas sin haber solicitado la aprobación previa del Congreso.
La presencia de la CICIG en Guatemala, desde el año 2011, ha sido una flagrante violación de la Constitución, que requiere que el Congreso apruebe “antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional […]” cuando afecten las leyes vigentes…” u “obliguen financieramente al Estado”.
El Congreso actuó apegado a la Constitución en el año 2009 cuando aprobó la primera prórroga del plazo de la CICIG. En 2011, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales con mayoría de diputados del partido UNE, aliado de la CICIG, se negó a emitir su dictamen, para evitar que el pleno del Congreso pudiera conocer y rechazar una nueva prórroga. El Congreso, al haber permitido esta maniobra, eludió ilegalmente su obligación constitucional de aprobar o rechazar los acuerdos internacionales firmados por el presidente.
A pesar de que la CICIG permanece ilegalmente en Guatemala desde el año 2011, hoy –por la fuerza de los hechos y no del derecho– está más atrincherada que nunca en el país. Esto lo ha logrado acumulando poder inescrupulosamente mientras se escuda en su inmunidad diplomática.
La CICIG no es realmente una misión diplomática, sino un grupo de aventureros internacionales que no le rinde cuentas a nadie, ni siquiera a su creador, las Naciones Unidas.
El Ministerio Público de Guatemala, al haberlo transformado en un instrumento ejecutor de sus propósitos, ha sido la base de operaciones de la CICIG. No obstante, aunque la Fiscalía y su personal sí están sujetos a la ley nacional, la CICIG no está sujeta a ninguna ley ni supervisión. El deducirle responsabilidades al primero se ha hecho imposible porque la CICIG también ha cooptado la Corte Suprema de Justicia, la cual ha rechazado las denuncias penales que se han hecho valer contra la fiscal general. Ese hecho, sabido por todos en el Gobierno de Guatemala, le ha dado a la CICIG un control casi total del sistema de justicia y de la mayor parte del poder en el país.
La CICIG utiliza a la fiscal general como su fachada. Detrás de los espectaculares abusos de poder en la justicia guatemalteca –el uso frecuente de testigos falsos, grabaciones ilegales, y violaciones flagrantes al principio del debido proceso– la CICIG está omnipresente. En al menos un caso, la CICIG obligó a una acusada, transformada en testigo protegido, a llevar una grabadora de voz a una reunión con su propio abogado defensor. Como resultado, el abogado ahora guarda prisión. Ese acto, impensable en un sistema civilizado de justicia, lleva la firma de una entidad que enarbola como suya la bandera de las Naciones Unidas.
La CICIG ha encarcelado y expropiado bienes de guatemaltecos que han denunciado sus abusos (ver informe 5, e informe 6). Esta comisión de la ONU ha estado detrás de al menos un homicidio, por el cual evitó ir a juicio gracias a su inmunidad diplomática. En 2010, sus maniobras le permitieron al presidente Colom derrocar a un fiscal general a quien deseaba convertir en un chivo expiatorio. Para 2015, la CICIG había logrado derrocar y encarcelar al presidente y la vicepresidente de Guatemala. Ese mismo año, cooperó con Todd Robinson, el embajador del presidente Obama en Guatemala, en un intento por “posponer” una elección presidencial programada. Desde entonces, ha estado trabajando para ponerle fin al período constitucional del candidato ganador, Jimmy Morales.
En este momento, la CICIG encarna la misma impunidad que pretendía eliminar y funciona de una manera muy similar a los “grupos ilegales de seguridad” que su mandato le obligaba a erradicar.
Es imposible estar en la política guatemalteca sin conocer el poder de la CICIG. Hoy, el primer requisito para ocupar un cargo, no solo en el Ministerio Público o en los tribunales, sino en cualquier oficina del gobierno, es tener “una relación constructiva con la CICIG”.
Desde su búnker en la Fiscalía, la CICIG ha colocado en cargos de jueces y magistrados a sus colaboradores incondicionales y ha defenestrado a quienes no se han plegado a sus maniobras ilegales, acusándolos falsamente de ser corruptos y poniéndolos en un listado que ha denominado “jueces de la impunidad”.
Por ahora, la CICIG posee una mayoría clara de 3 a 2 en la Corte de Constitucionalidad. Ese control es nada menos que la capacidad de decir qué es ley y qué no, como bien saben todos los funcionarios y empleados públicos, desde el presidente hasta los diputados y directores de cargos inferiores.
La CICIG sabe que no puede sobrevivir sin un sólido apoyo internacional. En consecuencia, juega con gran habilidad y cuidado con el movimiento progresista global, así como con aquellos sectores de la población guatemalteca que ingenuamente creen en su propaganda.
Consignas con términos como “anticorrupción”, “derechos humanos”, “derechos indígenas” y, por supuesto, “anti-impunidad” están por doquier en las declaraciones oficiales de la CICIG.
La respuesta uniforme de la CICIG a sus opositores es que ellos están a favor de la corrupción y la impunidad. Hasta ahora, esta táctica ha funcionado increíblemente bien. Ha sido exitosa con el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso bajo el presidente Trump, cuyos diplomáticos deberían tener mejor criterio.
En realidad, la CICIG es una organización que se escuda en su estatuto de instancia internacional para manejar un poder estatal sin límites, sin supervisión y sin posibilidad de deducirle responsabilidades o exigirle que rinda cuentas por los abusos que comete. Su gestión se está convirtiendo en negligente o descuidada, en el mejor de los casos; inmoral e inhumana, en el peor.
De acuerdo a los juristas que analizaron los casos, los métodos de operación —detallados a continuación— están presentes en muchos de los casos promovidos y manejados por la CICIG y su personal:
- Se seleccionan casos que puedan provocar escándalo público para su persecución penal, evitando plantear procesos en que puedan estar involucrados personajes afines.
- Identifican a individuos que tengan aspectos legales vulnerables y los compran para que sean sus testigos. Si ellos rechazan el soborno, la CICIG los amenaza y coacciona para que declaren falsamente en contra de los acusados, que son el blanco predilecto de la CICIG.
- Obtienen órdenes de aprehensión contra sus objetivos únicamente en base a declaraciones sin comprobar.
- Crean circos políticos cuando llevan a cabo las aprehensiones, involucrando a un número exagerado de policías, vehículos y armas.
- Denigran a los acusados obligándolos a caminar grandes distancias en dirección a los tribunales de justicia, exponiéndolos ilegalmente a la prensa.
- Los presentan esposados como que fueran criminales condenados por graves delitos, sin importar las acusaciones, su edad o su condición física, y los mantienen en prisiones de alta seguridad mientras se llevan a cabo las primeras declaraciones.
- Llaman a los medios para dar conferencias de prensa, antes de la primera declaración del acusado, y presentan las acusaciones como que fueran hechos irrefutables.
- De alguna manera, a aquellos acusados por la CICIG se les asignan jueces que aceptan sus solicitudes sin discrepar en el más mínimo punto. Esos jueces demoran la presentación de acusaciones durante varios meses, violando los derechos de los acusados.
- La CICIG y su personal les niegan a los acusados el acceso a la evidencia en su contra y a sus defensores les dan apenas unos minutos para examinar la evidencia antes de que tengan que presentar sus argumentos. En algunos casos, ni siquiera permiten que vean la evidencia antes de la acusación formal, lo cual es una clara violación a la ley.
- Cuando los jueces favorables a las acusaciones de la CICIG no están disponibles porque están demasiado ocupados, otros jueces generalmente fallan en contra de la CICIG. La Comisión, entonces, los recusa y los pone en una lista de jueces corruptos, los famosos “jueces de la impunidad”. Si una corte de apelaciones confirma un fallo en contra de los objetivos de la CICIG, intentan destituir al juez que dictaminó por crímenes que nunca cometió.
- Los abogados que defienden a los acusados por la CICIG frecuentemente denuncian las detenciones ilegales, las violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso, la inobservancia de la presunción de inocencia, las violaciones a los plazos legales y constitucionales para las acciones y, específicamente, la postergación ilegal de la detención de los acusados.
- Las víctimas de la CICIG han denunciado públicamente la crueldad extraordinaria de los castigos diseñados para destruirlos moralmente y obligarlos, en contra de la verdad, a que acepten declararse culpables sin serlo. En un caso, se le provocó la muerte a un acusado por negarle atención médica después de meses esperando juicio.
Hasta ahora, quienes se oponen a la CICIG han sobrellevado una batalla extremadamente difícil: luchar contra la CICIG e incluso contra los Estados Unidos de Obama y Clinton. Como ha aprendido al menos un miembro del Congreso de Guatemala , ésta es una tarea de quijotes.
El congresista Fernando Linares escribió una carta al secretario de Estado John Kerry, detallando las violaciones diplomáticas y legales de la CICIG. Nunca recibió una respuesta. Se convirtió en un hombre expuesto debido a que expresó abiertamente su oposición a la CICIG y a la política de Estados Unidos, en el Congreso de Guatemala. En abril de 2017, el Consulado estadounidense canceló definitivamente su derecho a viajar a este país, un insulto para alguien con cargo de legislador. Para saber más, ver el informe 9 de esta serie: “La Constitución Desamparada en Guatemala”.
Aun así, las ilegalidades de la CICIG han sido tan flagrantes y repulsivas que comenzó a formarse una brigada de quijotes, que ahora incluye al presidente de la república, para ponerle fin a los atropellos de la soberanía de Guatemala.
A pesar de su poder casi omnímodo, la CICIG y sus aliados temen perder el control que les ha llevado diez años acumular. No hace mucho, sus aliados solicitaron a la Corte de Constitucionalidad que declarara el acuerdo con la ONU que establece la CICIG, como parte de la legislación ordinaria permanente del país, no sujeta a revisión por parte del Congreso, único representante legítimo del pueblo. No hay razón lógica para esto, solo desesperación.
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Last Updated: 2 mayo, 2018 by LaVoz
INFORME 7: LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA
PROGRESISTAS CONTRA QUIJOTES
El Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas acordaron en 2006 crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), “no siendo un órgano de las Naciones Unidas“, que fortalecería la capacidad de Guatemala “para cumplir eficazmente con sus obligaciones dimanantes de las convenciones de derechos humanos de que es parte”.
Los objetivos declarados de la CICIG eran apoyar, fortalecer y asistir a las instituciones guatemaltecas “encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”. Los cuerpos ilegales de seguridad fueron definidos como aquellos que cometen “acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos […]”.
Según el acuerdo original, la CICIG tendría licencia plena para participar en la persecución específica de esos delitos junto con el Ministerio Público. Al mismo tiempo, el comisionado a cargo de la CICIG y sus subordinados disfrutarían “de los privilegios e inmunidades […] otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” de 1961.
El efecto de estas medidas fue otorgar a la CICIG un poder de persecución ilimitado combinado con total impunidad.
Grupos de activistas “progresistas” en Guatemala habían estado tratando de crear tal comisión desde mediados de la década de 1990, cuando las negociaciones de paz pusieron fin al conflicto armado interno que duró 36 años. En 2004, se le solicitó a la Corte de Constitucionalidad, el órgano judicial más importante de Guatemala, su opinión sobre si era posible aprobar legalmente el Acuerdo de creación de la entidad y la Corte respondió negativamente.
El tribunal aseveró que el órgano propuesto no sería un verdadero instrumento de derechos humanos. Además, sus actividades serían ilegales si participara en el ejercicio de la acción penal pública, una tarea que compete exclusivamente al Ministerio Público.
Aun así, una propuesta casi idéntica fue aprobada en 2006 por ese mismo tribunal, esta vez integrado por magistrados diferentes, de reciente nombramiento. El 12 de diciembre de 2006, el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firmaron el Acuerdo de creación de la CICIG.
Por disponerlo así el numeral 1, de la literal l) del artículo 171 de la Constitución, el presidente Óscar Berger remitió el Acuerdo al Congreso. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió también una opinión desfavorable, votando en contra de su aprobación y señalando que la aprobación de la CICIG violaría la Constitución en varios aspectos importantes.
Pero los deseos soberanos de una república constitucional estaban en contra de la opinión de la ONU. Fuerzas externas más poderosas exigían que el derecho internacional prevaleciera sobre la soberanía y presionaron fuertemente a los líderes políticos de Guatemala para que aprobaran la CICIG.
El 1 de agosto de 2007, el Congreso cedió y aprobó el acuerdo valiéndose del procedimiento de declarar el asunto de urgencia nacional, lo cual obviaba la discusión del acuerdo en el Pleno e impedía a los diputados presentar sus argumentos. El mandato de la comisión tendría dos años de duración, pero este plazo era prorrogable. Al contar con la aprobación del Congreso, el Ejecutivo procedió a ratificar el Acuerdo.
En 2009, el presidente Álvaro Colom, solicitó al Congreso la ampliación del plazo de la CICIG por dos años más, y el Congreso aprobó su presencia en el país hasta el 4 de septiembre de 2011.
Desde entonces, por presiones de la propia CICIG, el Ejecutivo, violando disposiciones expresas de la Constitución, ha ratificado la prórroga del plazo del Acuerdo ONU/GOBIERNO cuatro veces, por dos años más cada vez. El Ejecutivo ratificó tales prórrogas sin haber solicitado la aprobación previa del Congreso.
La presencia de la CICIG en Guatemala, desde el año 2011, ha sido una flagrante violación de la Constitución, que requiere que el Congreso apruebe “antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional […]” cuando afecten las leyes vigentes…” u “obliguen financieramente al Estado”.
El Congreso actuó apegado a la Constitución en el año 2009 cuando aprobó la primera prórroga del plazo de la CICIG. En 2011, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales con mayoría de diputados del partido UNE, aliado de la CICIG, se negó a emitir su dictamen, para evitar que el pleno del Congreso pudiera conocer y rechazar una nueva prórroga. El Congreso, al haber permitido esta maniobra, eludió ilegalmente su obligación constitucional de aprobar o rechazar los acuerdos internacionales firmados por el presidente.
A pesar de que la CICIG permanece ilegalmente en Guatemala desde el año 2011, hoy –por la fuerza de los hechos y no del derecho– está más atrincherada que nunca en el país. Esto lo ha logrado acumulando poder inescrupulosamente mientras se escuda en su inmunidad diplomática.
La CICIG no es realmente una misión diplomática, sino un grupo de aventureros internacionales que no le rinde cuentas a nadie, ni siquiera a su creador, las Naciones Unidas.
El Ministerio Público de Guatemala, al haberlo transformado en un instrumento ejecutor de sus propósitos, ha sido la base de operaciones de la CICIG. No obstante, aunque la Fiscalía y su personal sí están sujetos a la ley nacional, la CICIG no está sujeta a ninguna ley ni supervisión. El deducirle responsabilidades al primero se ha hecho imposible porque la CICIG también ha cooptado la Corte Suprema de Justicia, la cual ha rechazado las denuncias penales que se han hecho valer contra la fiscal general. Ese hecho, sabido por todos en el Gobierno de Guatemala, le ha dado a la CICIG un control casi total del sistema de justicia y de la mayor parte del poder en el país.
La CICIG utiliza a la fiscal general como su fachada. Detrás de los espectaculares abusos de poder en la justicia guatemalteca –el uso frecuente de testigos falsos, grabaciones ilegales, y violaciones flagrantes al principio del debido proceso– la CICIG está omnipresente. En al menos un caso, la CICIG obligó a una acusada, transformada en testigo protegido, a llevar una grabadora de voz a una reunión con su propio abogado defensor. Como resultado, el abogado ahora guarda prisión. Ese acto, impensable en un sistema civilizado de justicia, lleva la firma de una entidad que enarbola como suya la bandera de las Naciones Unidas.
La CICIG ha encarcelado y expropiado bienes de guatemaltecos que han denunciado sus abusos (ver informe 5, e informe 6). Esta comisión de la ONU ha estado detrás de al menos un homicidio, por el cual evitó ir a juicio gracias a su inmunidad diplomática. En 2010, sus maniobras le permitieron al presidente Colom derrocar a un fiscal general a quien deseaba convertir en un chivo expiatorio. Para 2015, la CICIG había logrado derrocar y encarcelar al presidente y la vicepresidente de Guatemala. Ese mismo año, cooperó con Todd Robinson, el embajador del presidente Obama en Guatemala, en un intento por “posponer” una elección presidencial programada. Desde entonces, ha estado trabajando para ponerle fin al período constitucional del candidato ganador, Jimmy Morales.
En este momento, la CICIG encarna la misma impunidad que pretendía eliminar y funciona de una manera muy similar a los “grupos ilegales de seguridad” que su mandato le obligaba a erradicar.
Es imposible estar en la política guatemalteca sin conocer el poder de la CICIG. Hoy, el primer requisito para ocupar un cargo, no solo en el Ministerio Público o en los tribunales, sino en cualquier oficina del gobierno, es tener “una relación constructiva con la CICIG”.
Desde su búnker en la Fiscalía, la CICIG ha colocado en cargos de jueces y magistrados a sus colaboradores incondicionales y ha defenestrado a quienes no se han plegado a sus maniobras ilegales, acusándolos falsamente de ser corruptos y poniéndolos en un listado que ha denominado “jueces de la impunidad”.
Por ahora, la CICIG posee una mayoría clara de 3 a 2 en la Corte de Constitucionalidad. Ese control es nada menos que la capacidad de decir qué es ley y qué no, como bien saben todos los funcionarios y empleados públicos, desde el presidente hasta los diputados y directores de cargos inferiores.
La CICIG sabe que no puede sobrevivir sin un sólido apoyo internacional. En consecuencia, juega con gran habilidad y cuidado con el movimiento progresista global, así como con aquellos sectores de la población guatemalteca que ingenuamente creen en su propaganda.
Consignas con términos como “anticorrupción”, “derechos humanos”, “derechos indígenas” y, por supuesto, “anti-impunidad” están por doquier en las declaraciones oficiales de la CICIG.
La respuesta uniforme de la CICIG a sus opositores es que ellos están a favor de la corrupción y la impunidad. Hasta ahora, esta táctica ha funcionado increíblemente bien. Ha sido exitosa con el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso bajo el presidente Trump, cuyos diplomáticos deberían tener mejor criterio.
En realidad, la CICIG es una organización que se escuda en su estatuto de instancia internacional para manejar un poder estatal sin límites, sin supervisión y sin posibilidad de deducirle responsabilidades o exigirle que rinda cuentas por los abusos que comete. Su gestión se está convirtiendo en negligente o descuidada, en el mejor de los casos; inmoral e inhumana, en el peor.
De acuerdo a los juristas que analizaron los casos, los métodos de operación —detallados a continuación— están presentes en muchos de los casos promovidos y manejados por la CICIG y su personal:
Hasta ahora, quienes se oponen a la CICIG han sobrellevado una batalla extremadamente difícil: luchar contra la CICIG e incluso contra los Estados Unidos de Obama y Clinton. Como ha aprendido al menos un miembro del Congreso de Guatemala , ésta es una tarea de quijotes.
El congresista Fernando Linares escribió una carta al secretario de Estado John Kerry, detallando las violaciones diplomáticas y legales de la CICIG. Nunca recibió una respuesta. Se convirtió en un hombre expuesto debido a que expresó abiertamente su oposición a la CICIG y a la política de Estados Unidos, en el Congreso de Guatemala. En abril de 2017, el Consulado estadounidense canceló definitivamente su derecho a viajar a este país, un insulto para alguien con cargo de legislador. Para saber más, ver el informe 9 de esta serie: “La Constitución Desamparada en Guatemala”.
Aun así, las ilegalidades de la CICIG han sido tan flagrantes y repulsivas que comenzó a formarse una brigada de quijotes, que ahora incluye al presidente de la república, para ponerle fin a los atropellos de la soberanía de Guatemala.
A pesar de su poder casi omnímodo, la CICIG y sus aliados temen perder el control que les ha llevado diez años acumular. No hace mucho, sus aliados solicitaron a la Corte de Constitucionalidad que declarara el acuerdo con la ONU que establece la CICIG, como parte de la legislación ordinaria permanente del país, no sujeta a revisión por parte del Congreso, único representante legítimo del pueblo. No hay razón lógica para esto, solo desesperación.
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